Una inspección judicial de la Corte Constitucional en comunidades indígenas de La Guajira dejó en evidencia serias dificultades para garantizar derechos fundamentales como el acceso al agua potable, la salud y la alimentación.
Durante el recorrido por sectores de Riohacha y Uribia, los magistrados auxiliares encontraron que algunas comunidades wayuu recurren a reservorios de agua que presentan señales visibles de contaminación, entre ellas posible presencia de heces de animales y microalgas que le dan una tonalidad verdosa al líquido.
La situación fue verificada durante las visitas realizadas por equipos de la Corte, con acompañamiento de funcionarios del Gobierno y expertos encargados de revisar las condiciones del agua. Las muestras recolectadas serán sometidas a análisis de laboratorio y harán parte del informe que evaluará el cumplimiento de las órdenes emitidas para garantizar el derecho al agua.
La crisis también se refleja en el acceso a los servicios de salud. Las comunidades manifestaron dificultades para desplazarse hacia los centros asistenciales, principalmente por el mal estado de las vías. Además, señalaron que existen instalaciones de salud que no estarían operando debido a la falta de recursos y personal.
Otro de los aspectos que generó preocupación fue la alimentación escolar. Durante la inspección, las comunidades expresaron dificultades relacionadas con la cantidad y disponibilidad de alimentos, mientras que la administración de Uribia advirtió sobre problemas de sostenibilidad financiera que podrían afectar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar.
Ante este panorama, la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional analiza los resultados de la inspección y podría adoptar medidas para proteger los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.
La situación adquiere especial relevancia porque la crisis humanitaria de la población wayuu y las dificultades relacionadas con el acceso al agua, la alimentación y la salud han sido objeto de seguimiento judicial durante años. La reciente inspección vuelve a poner en evidencia que persisten problemas estructurales que afectan especialmente a niños, niñas y comunidades indígenas.
Fuente: Semana
Emisora Fusaonline