Consejo de Estado ordena a Petro retirar publicaciones contra el registrador Hernán Penagos

El Consejo de Estado ordenó al expresidente Gustavo Petro retirar doce publicaciones realizadas en su cuenta de la red social X, en las que lanzó señalamientos contra el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, relacionados con un supuesto fraude electoral. La decisión judicial busca proteger los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del funcionario y de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De acuerdo con el fallo, la alta corporación determinó que las afirmaciones realizadas por Petro no estaban respaldadas por pruebas que demostraran que Hernán Penagos hubiera participado en un fraude electoral o cometido alguna conducta delictiva. Por esta razón, consideró que los señalamientos afectaron los derechos fundamentales del registrador y de la entidad que representa.

El Consejo de Estado también aclaró que la existencia de una denuncia penal contra Penagos no significa que los hechos denunciados estén comprobados. En ese sentido, recordó que el funcionario mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que determine su responsabilidad.

Como parte de las órdenes impartidas, el expresidente deberá eliminar las doce publicaciones de su cuenta de X dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la decisión. La medida también contempla retirar de cualquier medio de comunicación o plataforma que administre Petro las declaraciones que realizó sobre el mismo asunto durante el consejo de ministros del 14 de julio de 2026.

Adicionalmente, el alto tribunal le ordenó abstenerse de realizar nuevos señalamientos en los que atribuya al registrador nacional la comisión de fraude electoral o de conductas delictivas, mientras no exista una decisión judicial ejecutoriada que respalde dichas afirmaciones.

La decisión también cobija a la Registraduría Nacional, frente a la cual Petro deberá abstenerse de formular acusaciones que la señalen como responsable de realizar, facilitar o participar en un supuesto fraude electoral, sin que exista una determinación en firme de una autoridad competente.

Con este pronunciamiento, el Consejo de Estado establece límites frente a las afirmaciones públicas que puedan afectar los derechos fundamentales de los funcionarios y las instituciones, especialmente cuando se les atribuyen conductas delictivas que no han sido demostradas judicialmente.

Fuente: Caracol Radio.

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