Las Comisiones Primeras del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron en primer debate el proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia para organizaciones criminales, una iniciativa que busca establecer un mecanismo para que estas estructuras se desmovilicen, entreguen sus armas y colaboren con las autoridades a cambio de beneficios judiciales.
De acuerdo con la información publicada por La FM, el proyecto también contempla la prórroga de la Ley de Orden Público, que brinda herramientas al Gobierno para facilitar procesos de desmovilización de grupos delincuenciales. La propuesta marca un cambio frente al modelo de la denominada “paz total”, al establecer que las organizaciones criminales no tendrían un escenario de negociación política, sino que deberán someterse a la justicia.
El proyecto contempla que quienes pretendan acogerse al mecanismo deberán cumplir condiciones como la entrega de armas, la desmovilización, la entrega de bienes y la colaboración efectiva con la justicia. También se plantea que los integrantes de estas estructuras aporten información y contribuyan al esclarecimiento de los hechos.
Según el texto aprobado en primer debate, las penas serían las establecidas en el Código Penal para los delitos cometidos, aunque se contemplan reducciones de hasta la mitad de la pena para integrantes rasos y de hasta una tercera parte para quienes hayan ejercido funciones de mando dentro de las organizaciones.
Otro de los puntos incluidos en la iniciativa es la posibilidad de establecer colonias agrícolas para algunos de los desmovilizados, con el propósito de que desarrollen actividades laborales durante el proceso de sometimiento.
El tratamiento para los colaboradores y terceros relacionados con los bienes de las organizaciones criminales también generó debate. El ministro de Justicia, Iván Cancino, defendió la propuesta y aseguró que la entrega y verificación de los bienes estarán bajo control de la Fiscalía y que los eventuales beneficios no serían inmediatos.
La iniciativa no contó con el respaldo del senador Rafael Nieto, quien cuestionó la posibilidad de otorgar beneficios penales a personas vinculadas con organizaciones criminales. El congresista sostuvo que quienes cometen delitos deben recibir una sanción y manifestó su preocupación por lo que considera un mensaje de impunidad.
Tras superar el primer debate, el proyecto deberá ser discutido en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. El trámite adquiere especial importancia porque la actual Ley de Orden Público tiene vigencia hasta comienzos de noviembre, por lo que el Congreso deberá definir el futuro de esta herramienta antes de su vencimiento.
Fuente: La FM
Emisora Fusaonline
