Una operación conjunta entre autoridades de Colombia y Estados Unidos permitió la captura de siete personas requeridas con fines de extradición, señaladas preliminarmente de integrar una estructura dedicada al tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con información conocida por Semana, en la investigación participaron la DEA, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional. Para avanzar en la identificación de los presuntos integrantes de la organización, las autoridades recurrieron a técnicas especiales de investigación, entre ellas entregas controladas de dinero y sustancias estupefacientes.
Según fuentes judiciales citadas por el medio, durante el desarrollo de la operación se realizaron entregas controladas por un valor aproximado de 676.838 dólares y se recibieron 87 paquetes de clorhidrato de cocaína que habrían sido suministrados por integrantes de la organización investigada.
Las autoridades señalaron que estas actuaciones permitieron reunir elementos materiales probatorios, identificar a personas que presuntamente ocuparían posiciones relevantes dentro de la estructura y avanzar en su desarticulación.
El procedimiento fue denominado operación Castillo y terminó con la captura de Guillermo Carpio Cárdenas, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco, Jhon Jairo Torres Peláez, Juan Daniel Arenas Uribe y Alex Alberto Castillo Gómez.
Según el Ejército, los capturados son requeridos por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Los requerimientos están relacionados, de manera individual, con presuntos delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y tráfico de drogas ilícitas.
La información preliminar indica que los detenidos serían señalados de pertenecer a estructuras dedicadas al narcotráfico y de coordinar el envío de cargamentos de estupefacientes hacia Estados Unidos. La participación de la DEA hizo parte del trabajo de cooperación internacional desarrollado durante la investigación.
El caso queda ahora en manos de las autoridades judiciales, mientras avanzan los procedimientos correspondientes a las solicitudes de extradición. La responsabilidad penal de los capturados deberá ser determinada por las autoridades competentes dentro de los respectivos procesos judiciales.
Fuente: Semana
Emisora Fusaonline
