La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, impulsa con celeridad el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una iniciativa que busca cerrar ciclos de confrontación política y que, de aprobarse en segunda discusión, permitiría la salida inmediata de todos los detenidos por motivos políticos.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró este viernes que “todos los detenidos” serán liberados “el mismo día” en que se sancione la norma, con un plazo estimado entre el martes 10 y, a más tardar, el viernes 13 de febrero. “Pedimos perdón, porque lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos”, expresó Rodríguez durante la sesión de primera discusión.
El texto, de 13 artículos, fue aprobado por unanimidad en primera instancia el jueves 5 de febrero y publicado oficialmente el viernes 7. Promovido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la propuesta declara como objetivo “reparar las heridas profundas” dejadas por la polarización y promover “la convivencia y la paz” desde la diversidad y el respeto al Estado de derecho.
Alcance temporal y beneficiarios
La amnistía general abarcaría a todas las personas procesadas o condenadas por delitos políticos o conexos cometidos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026. El proyecto enumera diez momentos específicos de tensión política, entre ellos:
- El golpe de Estado del 11 de abril de 2002
- El paro y sabotaje petrolero de 2002-2003
- Las protestas de febrero-marzo y agosto de 2004
- Los hechos de mayo de 2007
- Las elecciones presidenciales de abril de 2013
- Las manifestaciones de febrero-junio de 2014
- Las protestas de marzo-agosto de 2017
- Los eventos de enero-abril de 2019
- Los hechos vinculados a las elecciones presidenciales de julio de 2024
Exclusiones clave
Quedan expresamente fuera de la amnistía los responsables de:
- Violaciones graves a los derechos humanos
- Delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra
- Homicidio intencional
- Tráfico de estupefacientes con pena mínima superior a nueve años
- Delitos contra el patrimonio público (corrupción)
Una vez promulgada la ley, cesarían todas las medidas de coerción personal, se extinguirían las acciones penales, administrativas y civiles relacionadas, y se eliminarían los antecedentes penales de los beneficiados. Los tribunales deberían decretar el sobreseimiento o la anulación de sentencias a solicitud del Ministerio Público o de los interesados.
Contexto y reacción de la sociedad civil
La iniciativa se enmarca en un proceso de excarcelaciones que, según el recuento de Foro Penal, ya suma más de 400 liberaciones desde el 8 de enero, aunque la organización estima que aún permanecen unos 600 presos políticos en el país.
Organizaciones como Foro Penal, Provea, Acceso a la Justicia y Clippve participaron el sábado en la consulta pública convocada por la comisión especial presidida por el diputado Jorge Arreaza. Si bien valoran positivamente el avance, exigen que la liberación de presos no se condicione a la aprobación de la ley y advierten sobre riesgos de ambigüedad en la definición de “delitos políticos o conexos”, que podría derivar en interpretaciones arbitrarias.
“No es necesaria una amnistía para liberar a todos los presos políticos. La liberación debe continuar. La amnistía debe ser una garantía de libertad plena hacia el futuro, no una condición para liberar a quienes hoy están detenidos arbitrariamente”, señaló Alfredo Romero, director de Foro Penal.
Las ONG también reclaman que la norma no obstaculice el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, y proponen mecanismos de supervisión independientes del Poder Ejecutivo.
El proyecto permanece en fase de consulta pública y se espera que sea sometido a segunda discusión en los próximos días, con entrada en vigencia inmediata tras su aprobación y publicación oficial.
Fuente: CNN en español
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