El Tribunal Contencioso Administrativo negó la solicitud de suspensión provisional presentada contra Laura Sarabia Torres en su cargo como embajadora de Colombia ante el Reino Unido, permitiendo que continúe ejerciendo sus funciones mientras avanza el proceso judicial de fondo.
La decisión se conoció este lunes 19 de enero de 2026, tras una acción de nulidad radicada en noviembre de 2025 contra el Decreto 1029 de septiembre de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro la designó como jefa de la misión diplomática en Londres (reemplazando a Roy Barreras).
La demanda argumenta que Sarabia no cumpliría con los requisitos lingüísticos exigidos para el puesto: el dominio acreditado de un idioma de uso diplomático, en este caso el inglés, esencial para negociar y comunicarse directamente —sin intérpretes— con las autoridades británicas. Según el demandante, la ausencia de certificaciones o pruebas que demuestren el nivel requerido violaría normas constitucionales y reglamentarias aplicables a cargos de embajadores en misiones clave como la de Reino Unido.
La abogada Lina Sandoval, integrante del equipo de defensa de Sarabia junto al expresidente de la Corte Constitucional José Fernando Reyes, anunció la resolución favorable: “El Tribunal Contencioso Administrativo negó la suspensión provisional. La embajadora continúa en el ejercicio de sus funciones, la legalidad del nombramiento se mantiene”.
Esta medida cautelar busca impedir temporalmente el ejercicio del cargo mientras se resuelve la nulidad, pero su rechazo no prejuzga el fallo definitivo: el tribunal admitió la demanda y ahora examinará los méritos, pruebas y argumentos de ambas partes para determinar si el decreto es legal o debe anularse.
Sarabia, quien ha ocupado múltiples altos cargos en el Gobierno Petro —jefa de despacho presidencial, directora del Dapre, directora de Prosperidad Social y canciller (hasta su renuncia en julio de 2025)—, asumió la embajada en octubre de 2025 tras recibir el beneplácito británico. Su nombramiento ha sido cuestionado por sectores críticos, que señalan su falta de trayectoria en carrera diplomática y el contexto de cambios en requisitos idiomáticos en la Cancillería durante su gestión como ministra.
Por ahora, la funcionaria permanece en Londres al frente de la representación colombiana, mientras el litigio continúa su curso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (o Contencioso Administrativo, según la denominación usada). Se espera que el proceso de fondo tome varios meses, con posibilidad de apelaciones ante instancias superiores.
—Fuente:Revista Semana—
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