El gremio de transportadores de Colombia y Ecuador ha intensificado sus acciones de protesta en la frontera binacional debido a la guerra arancelaria que entró en vigor el 1 de febrero de 2026, con la imposición mutua de aranceles del 30% a productos importados entre ambos países.
Desde el fin de semana pasado, el Puente Internacional de Rumichaca —principal paso terrestre entre Colombia y Ecuador— registró una congestión extrema, con filas de camiones que se extendieron por cientos de metros y demoras de varias horas (incluso desde el jueves anterior). Conductores reportaron que el tránsito se volvió extremadamente lento, bodegas en Ecuador colapsadas por falta de capacidad de descarga y personal, y pérdidas económicas millonarias para transportistas, empresas y conductores.
La medida ecuatoriana, impulsada por el presidente Daniel Noboa, se justificó como una “tasa de seguridad” del 30% ante la supuesta falta de cooperación de Colombia en el combate al narcotráfico y la minería ilegal en la zona fronteriza. En respuesta, el gobierno colombiano, liderado por Gustavo Petro, aplicó aranceles recíprocos del 30% a una lista de productos ecuatorianos, suspendió el suministro de electricidad a Ecuador y enfrentó a su vez un incremento en la tarifa de transporte de crudo por oleoductos operados por Petroecuador (de 3 a 30 dólares por barril).
Ante este impacto directo en el comercio binacional —que afecta a más de 1.800 familias dependientes del intercambio, genera riesgos de aumento del contrabando y pérdida de competitividad de productos—, la Asociación Colombiana de Camioneros en Nariño y transportistas ecuatorianos convocaron la Marcha por la Dignidad Fronteriza.
Esta movilización binacional reunirá a más de 1.000 camioneros y transportadores el martes 3 de febrero de 2026. La concentración principal está programada para las 8:00 a.m. en Ipiales (Colombia), desde donde partirá una caravana vehicular hacia el Puente Internacional de Rumichaca. Allí se espera un encuentro conjunto con comerciantes y transportadores ecuatorianos para visibilizar la crisis y exigir a ambos gobiernos la activación inmediata de canales diplomáticos y diálogo para resolver la disputa.
Líderes como Manuel Romo, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros en Nariño, enfatizaron: “Es inaudito que en el marco de la Comunidad Andina, siendo un mercado libre, existan estas restricciones. La mejor forma y la más rápida es solucionar esto por la vía del diálogo”.
El gremio alerta que, sin una solución pronta, el flujo comercial podría caer significativamente (hasta un 40% según algunas estimaciones), afectando empleo, precios de productos básicos y la economía fronteriza en regiones como Nariño (Colombia) y Carchi (Ecuador).
La protesta busca presionar por una desescalada rápida y el restablecimiento de condiciones comerciales normales en el marco de la integración andina.
—Fuente:El Tiempo—
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