La renuncia de Saab, leída por el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, se produjo el 25 de febrero de 2026, junto a la del defensor del pueblo Alfredo Ruiz Angulo. En su carta, Saab afirmó haber cumplido “con hidalguía y honor” su labor en un período de “agresiones inimaginables” contra Venezuela, destacando su rol en preservar la paz y proteger derechos humanos.
Sin embargo, el nombramiento inmediato como defensor del pueblo encargado —un puesto que ya ocupó entre 2014 y 2017— genera debate. Según el artículo 282 de la Constitución venezolana, este cargo otorga inmunidad: no puede ser perseguido, detenido ni enjuiciado por el ejercicio de sus funciones, incluyendo la posibilidad de solicitar investigaciones por violaciones graves de derechos humanos.
El abogado Joel García, especialista en derecho penal, explicó a CNN que esta inmunidad protege a Saab temporalmente (al menos 30 días, hasta la elección del defensor definitivo por la Asamblea): “No puede ser perseguido […] Es un conflicto entre un cargo y otro, porque mientras el fiscal acusa, el Defensor defiende… no se va a investigar o sancionar”.
Zair Mundaray, exfiscal y fundador de ZAED Abogados, describe el movimiento como estratégico: Saab, cercano a la familia Maduro, quedó “sin piso político” tras la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. “Es un puesto más simbólico, sin peso real ni capacidad de acción. Lo neutralizan y lo mantienen bajo vigilancia”, afirmó, en el contexto de una puja por el control del aparato judicial y punitivo del Estado.
Saab, de 62 años, abogado, poeta, budista y con alrededor de 70 tatuajes, tuvo una larga trayectoria en el chavismo: dirigente estudiantil que defendió a Hugo Chávez tras el intento de golpe de 1992, diputado, constituyente, gobernador de Anzoátegui (2004-2012) y fiscal general desde 2017, cuando sustituyó a Luisa Ortega Díaz por designación de la Asamblea Constituyente chavista.
Durante su gestión, encabezó investigaciones polémicas contra opositores, como la del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia (acusado de falsificar documentos tras las elecciones de julio 2024, hoy exiliado en España). Organizaciones como Human Rights Watch lo señalaron como posible responsable de represión contra manifestantes, y fue sancionado por EE.UU. en 2017 durante el primer mandato de Trump por socavar la democracia.
Saab siempre rechazó las acusaciones, defendiendo que la Fiscalía actuaba contra violadores de la ley y criticando la “doble moral” de las ONG, que —según él— ignoraban otros conflictos como Gaza.
El cambio ocurre en un momento clave: menos de dos meses después de la captura de Maduro en enero 2026, Rodríguez impulsa reformas, incluyendo la ley de amnistía aprobada el 19 de febrero para liberar cientos de presos políticos tras 27 años de chavismo. Esto ha evidenciado —según críticos— la fabricación de delitos por el Ministerio Público.
Críticas inmediatas al nombramiento de Saab no se hicieron esperar. El diputado Henrique Capriles lo calificó de “burla a las víctimas” y responsable de persecución. Human Rights Watch lo tildó de “bofetada a las víctimas”, exigiendo un fiscal general independiente para garantizar la amnistía plena.
—Fuente:CNN En Español—
Emisora Fusaonline