Bogotá, 3 de marzo de 2026 – Ante el alza en la percepción de inseguridad que reportan encuestas como la Encuesta de Percepción y Victimización 2025 de la Cámara de Comercio de Bogotá –donde el 66 % de los capitalinos considera que el problema empeoró–, miles de hogares y negocios han optado por sistemas privados de videovigilancia.
Según datos del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, en el país operan más de 26.000 cámaras de este tipo, de las cuales unas 4.000 pertenecen a particulares (viviendas, empresas y comercios). La Fiscalía General de la Nación ha reiterado que la instalación de estos dispositivos en fachadas, accesos o zonas exteriores es completamente legal cuando el propósito exclusivo es garantizar la seguridad del inmueble.
Sin embargo, la entidad advierte que esta libertad no es absoluta. El uso de las grabaciones está regulado principalmente por la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que desarrolla el derecho constitucional a la protección de datos personales (artículo 15 de la Constitución), y por el Código de Procedimiento Penal en lo referente a elementos probatorios.
Puntos clave que todo propietario debe cumplir para evitar sanciones:
- Finalidad única de seguridad: Grabar espacios públicos visibles desde el acceso privado está permitido, pero las imágenes no pueden destinarse a divulgación, redes sociales ni cualquier otro fin que vulnere la intimidad, honra o derechos fundamentales de terceros. Hacerlo constituye una infracción grave.
- Colaboración obligatoria con la justicia: Las autoridades (Fiscalía, Policía o CTI) pueden requerir las grabaciones en el marco de una investigación. En casos urgentes no se exige orden judicial previa; en situaciones ordinarias sí. Negarse a entregar el material cuando resulta clave para esclarecer un delito puede interpretarse como obstrucción a la justicia.
La Superintendencia de Industria y Comercio, vigilante del cumplimiento de la Ley 1581, puede imponer multas significativas por mal manejo de datos personales captados por videovigilancia.
En resumen, las cámaras siguen siendo un aliado válido contra la delincuencia, pero su operación exige responsabilidad y apego estricto a la norma para no convertir una herramienta de protección en fuente de problemas legales.
Fuente: semana
Emisora Fusaonline