Bogotá – 1 de septiembre de 2025. La nueva ley de financiamiento presentada por el gobierno de Gustavo Petro, que en esencia es una reforma tributaria para financiar el presupuesto de 2026, ha desatado un intenso debate en el Congreso al proponer gravar las actividades mercantiles de las iglesias, excluyendo aquellas directamente relacionadas con el culto. La iniciativa, radicada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, busca recaudar $26,3 billones para un presupuesto total de $557 billones.
El proyecto establece que las iglesias y confesiones religiosas que generen ingresos por actividades comerciales serán contribuyentes del impuesto sobre la renta en el régimen ordinario, debiendo separar los ingresos, costos y patrimonio de dichas actividades. Según la DIAN, el sector religioso acumula un patrimonio líquido de $19 billones, lo que ha motivado discusiones previas sobre su tributación desde febrero, bajo la gestión del exministro Diego Guevara.
La propuesta ha generado reacciones encontradas. La senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres y representante de sectores religiosos, criticó la medida, calificándola de “improcedente e inconstitucional”. En un mensaje en X, afirmó: “Volveré a dar la batalla para que no se impongan impuestos mediante leyes ordinarias”. Por otro lado, voces como la del usuario Mauricio Mantilla en redes sociales apoyan gravar las actividades comerciales de las iglesias, considerándolo una medida justa frente a otros contribuyentes.
El debate también se enmarca en las influencias del sector religioso en el Congreso, incluyendo el nombramiento de funcionarios y la entrega de 1.660 personerías jurídicas a confesiones religiosas durante este gobierno, algunas con presuntas irregularidades, según investigaciones de El Espectador. La reforma, que busca equilibrar las finanzas públicas, promete ser uno de los temas más controvertidos en las próximas sesiones legislativas.
— Fuente: el espectador—
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