Organizaciones de derechos humanos denuncian la detención arbitraria de cuatro miembros de la familia Guillén, víctimas de un engaño perpetrado por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el sector de Paso Real.
Contexto
En medio de la creciente represión en Venezuela tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, marcadas por denuncias de fraude, el régimen de Nicolás Maduro ha intensificado las detenciones arbitrarias contra opositores y sus familias. Organizaciones como Foro Penal han reportado más de 816 presos políticos, y la comunidad internacional ha condenado los actos de persecución, que incluyen desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos. En este contexto, el caso de la familia Guillén, en el estado Carabobo, ha generado indignación por involucrar a una menor de dos años.
Desarrollo
El pasado 4 de septiembre de 2025, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) irrumpieron en la vivienda de la familia Guillén, ubicada en el sector Paso Real, estado Carabobo, y detuvieron de manera arbitraria a Miriam Fernández Ruiz, de 72 años, y a su nieto menor de edad, Miguel Ángel Guillén Ibarra, de 17 años. Según denuncias de la organización Vente Venezuela, los familiares fueron trasladados a una sede policial en La Esmeralda, sin justificación legal.
Al día siguiente, Chantal Niulany Guillén, hermana de Miguel Ángel, recibió una llamada que le indicaba acudir a la sede de la PNB para gestionar la liberación de su abuela y hermano. Acompañada de su hija de dos años, Chantal llegó al lugar, pero la supuesta gestión resultó ser una trampa. Tanto ella como su pequeña fueron retenidas, completando el secuestro de cuatro miembros de la misma familia.
La líder opositora María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González han condenado enérgicamente el hecho. González, en su cuenta de X, calificó la detención como una “barbarie” y resaltó la crueldad de convertir a una niña de dos años en “rehén del poder”. Por su parte, Vente Venezuela responsabilizó directamente a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y al fiscal general Tarek William Saab por cualquier daño que sufran los secuestrados.
El caso de los Guillén no es aislado. Organizaciones de derechos humanos, como Foro Penal, han alertado sobre un patrón de represión que incluye detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, especialmente tras las protestas postelectorales de 2024. En otro caso reciente, Julio Velasco, padre de un dirigente de Vente Venezuela, también fue reportado como desaparecido, sumando preocupación por la integridad de los detenidos.
La comunidad internacional y los defensores de derechos humanos exigen la liberación inmediata de la familia Guillén y de todos los presos políticos en Venezuela, mientras se intensifican las críticas al régimen de Maduro por su uso de la violencia y el engaño para silenciar a la oposición.
—Fuente:Noticias RCN—
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