La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación disciplinaria contra miembros del Batallón Cacique Pigoanza del Ejército Nacional por presuntas irregularidades durante un procedimiento con la caravana de la senadora indígena Aida Quilcué en una vía entre Popayán y La Plata, Huila, el pasado viernes 15 de agosto de 2025. La investigación busca esclarecer si hubo abuso de autoridad o violación de derechos en el incidente denunciado por la congresista.
Según Quilcué, militares en motocicletas persiguieron y detuvieron su caravana en una zona de alta peligrosidad, obligándola a descender de su vehículo a pesar de haberse identificado como senadora y mostrar su credencial. En un video difundido en redes sociales, se observa a la senadora reclamando a los soldados por exigirle nuevamente su identificación, afirmando: “Yo soy senadora de la República”. La congresista señaló que no había un retén militar visible en la vía, lo que generó controversia sobre la legalidad del procedimiento.
La Procuraduría destacó la gravedad de la denuncia, especialmente en el contexto de inseguridad en los departamentos de Cauca y Huila, donde recientemente se han registrado atentados, como el ataque a la caravana del representante Julio César Triana. El Ministerio Público subrayó que las actuaciones de la Fuerza Pública deben respetar la ley y los derechos humanos, justificando así la apertura de la indagación para determinar posibles irregularidades.
Respuesta del Ministerio de Defensa
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, defendió la actuación de los militares, asegurando que la Fuerza Pública opera dentro del marco de la Constitución y la ley. “La justicia determinará las actuaciones legales o ilegales. Nosotros estamos para proteger a los colombianos, y la Fuerza Pública también tiene derechos, porque somos humanos”, afirmó Sánchez, enfatizando que será la investigación la que establezca responsabilidades.
Por su parte, el Ejército aseguró que el esquema de seguridad de la senadora se negó a detenerse en un retén ubicado en la vía, lo que habría desencadenado el procedimiento. La Procuraduría, a través de su Delegada Disciplinaria para la Fuerza Pública, investigará a los funcionarios involucrados para esclarecer los hechos.
Contexto de inseguridad
La denuncia de Quilcué se produce en un momento de alta tensión en la región, marcada por recientes ataques violentos. La Procuraduría enfatizó que el caso adquiere relevancia debido a la necesidad de garantizar la seguridad de los líderes políticos y sociales, así como el respeto a los procedimientos militares en zonas de conflicto.
Las autoridades judiciales continuarán recopilando pruebas, incluyendo el video de la senadora y los testimonios de los involucrados, para determinar si hubo faltas disciplinarias. Mientras tanto, el caso ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre los controles de seguridad y el respeto a los derechos de los ciudadanos.
—Fuente:El Tiempo—
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