Bogotá, 26 de diciembre de 2025 – El presidente Gustavo Petro planteó una reforma estructural al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat): convertirlo en un impuesto administrado por el Estado, en lugar de mantenerlo como un seguro tradicional gestionado por el sector privado. La propuesta, expuesta durante su alocución del 23 de diciembre, busca un esquema progresivo basado en la capacidad económica asociada al tipo y valor del vehículo.
Según el mandatario, las motos de bajo cilindraje y los vehículos pequeños pagarían menos, mientras que los automóviles de alta gama y mayor tamaño —como los denominados “cuatro puertas”— asumirían una tarifa más alta. “Yo quiero que el Soat sea impuesto, y que la capacidad del carro sea más aguda para cobrar el Soat, es decir, las motos y pequeños vehículos disminuyen lo que deben pagar por Soat y aumentan los cuatro puertas”, afirmó Petro, dirigiéndose al ministro de Hacienda, Germán Ávila.
Cambio de criterio: de la siniestralidad a la progresividad
Actualmente, las tarifas del Soat se determinan principalmente por el riesgo y la frecuencia de accidentes, lo que ha resultado en primas más elevadas para las motocicletas, segmento con mayor incidencia de siniestros. El Gobierno considera este modelo inequitativo y propone redistribuir la carga hacia los propietarios de vehículos de mayor valor, alineándolo con principios de progresividad tributaria.
Contexto presupuestal y emergencia económica
La iniciativa se enmarca en la necesidad de cerrar faltantes presupuestales, especialmente para cumplir órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con la financiación del sistema de salud. Petro advirtió que, sin recursos adicionales, no hay claridad sobre el origen de los $3,3 billones requeridos, lo que motivó la reciente declaración de emergencia económica.
El presidente argumentó que las nuevas medidas tributarias buscan corregir una “inequidad inconstitucional” y garantizar la sostenibilidad fiscal.
¿Cómo funciona hoy el Soat?
El Soat es un seguro obligatorio creado por ley y vigilado por la Superintendencia Financiera. Su propósito es garantizar la atención inmediata de víctimas de accidentes de tránsito, incluyendo peatones y pasajeros. Cuando no hay póliza vigente, la Adres cubre los gastos a través de la subcuenta de eventos catastróficos.
La propuesta del Ejecutivo implica un cambio profundo en la administración y el modelo de recaudo, pasando de las aseguradoras privadas al Estado. Aunque aún no se han detallado los mecanismos técnicos ni el proyecto de ley correspondiente, el anuncio genera debate sobre su viabilidad, impacto en las finanzas públicas y efectos en los propietarios de vehículos.
La discusión sobre esta reforma se suma a las medidas tributarias decretadas en el marco de la emergencia económica. Noticia en desarrollo.
—Fuente:El Colombiano—
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