El presidente Gustavo Petro intensificó su defensa de la declaratoria de emergencia económica decretada en diciembre de 2025, enviando un mensaje directo a la Corte Constitucional en el que califica el rechazo del Congreso a la reforma tributaria como un “camino suicida” que perjudicará a gobiernos futuros.
En una serie de publicaciones en su cuenta de X este lunes 19 de enero de 2026, el mandatario insistió en que el Gobierno “acertó” al declarar la emergencia y expedir medidas tributarias extraordinarias para cerrar el hueco fiscal de aproximadamente 16,3 billones de pesos en el presupuesto de 2026, tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Senado.
Petro escribió: “La Corte podrá, por medio de sus funciones, mejorar definitivamente la situación fiscal del país o, al contrario, seguir el camino suicida del Senado, que no afectará ya a este gobierno, sino a los próximos”.
El jefe de Estado adjuntó gráficos sobre la evolución de la prima de riesgo de los TES (Títulos de Tesorería) para argumentar el impacto positivo de sus decisiones: según él, el archivo de la ley de financiamiento disparó las tasas de interés (hasta 13,5 % en pesos), encareciendo el endeudamiento; en cambio, la emergencia económica y los nuevos impuestos provocaron una caída en la prima de riesgo, demostrando mayor capacidad de pago del país.
Posteriormente, Petro mencionó fluctuaciones por “el ataque a Venezuela” que elevaron temporalmente las tasas, pero destacó que la emisión reciente de bonos externos redujo sustancialmente el riesgo país. Culminó responsabilizando directamente a los senadores Efraín Cepeda y Mauricio Gómez (de las comisiones económicas) por una “inmensa irresponsabilidad” al bloquear la reforma, lo que —según él— disparó las tasas de riesgo.
La emergencia económica, decretada el 22 de diciembre de 2025 mediante el Decreto 1390, se justificó por hechos sobrevinientes que agravaron la crisis fiscal: hundimiento de la reforma tributaria, caída del precio del petróleo, necesidades adicionales en seguridad y salud, entre otros. Esto permitió al Ejecutivo expedir decretos con nuevos impuestos transitorios (vigentes en 2026), como mayores gravámenes al patrimonio de los ultrarricos, sobretasa al sector financiero, IVA a licores y juegos de azar, no deducibilidad de regalías en extractivas y ajustes en compras internacionales, entre otros, con el fin de recaudar recursos extras sin pasar por el Congreso.
La medida generó fuerte rechazo: varios alcaldes y gobernadores protestaron por el impacto en las finanzas regionales, gremios económicos advirtieron riesgos de inestabilidad y expertos criticaron el uso de facultades excepcionales para políticas estructurales. La Corte Constitucional revisa actualmente la constitucionalidad del decreto (y sus decretos reglamentarios), con posibilidad de suspensión provisional o nulidad total, lo que obligaría a devolver lo recaudado si se declara inconstitucional.
Petro reitera que las medidas fortalecen la sostenibilidad fiscal y reducen el costo del endeudamiento, mientras la oposición y analistas ven en ellas un abuso de poder y una carga adicional a la economía en un año preelectoral. La decisión de los magistrados será clave para definir el rumbo fiscal de Colombia en 2026.
—Fuente:Revista Semana—
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