Al iniciar 2026, con la tasa de política monetaria del Banco de la República mantenida en 9,25%, la incertidumbre sobre su evolución domina el panorama económico colombiano. Según expertos citados en reportes recientes, el significativo incremento del salario mínimo —decretado en torno al 23,7%— podría presionar la inflación hacia niveles cercanos al 6%, lo que abriría la puerta a un aumento de la tasa de intervención, potencialmente hasta el 11%.
Este escenario no es alarmista, sino una lectura realista del contexto macroeconómico. La inflación, que cerró 2025 por encima del 5% según proyecciones del Banco de la República y analistas privados, ha mostrado resistencia a bajar con rapidez debido a factores como la indexación de precios, presiones en servicios regulados y el dinamismo de la demanda interna. El fuerte ajuste salarial, aunque necesario para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, genera efectos de segunda ronda: mayores costos laborales que se trasladan a precios, alimentando un ciclo que complica la convergencia hacia la meta del 3%.
La próxima decisión de la Junta Directiva, prevista para finales de enero, será crucial. Mantener la tasa estable podría ser insuficiente si las expectativas inflacionarias se desanclan ulteriormente, como ya advierten minutas recientes del Emisor y encuestas de analistas. Un alza gradual —como sugieren algunos pronósticos de bancos privados, que ven la tasa cerrando 2026 entre 10% y 11%— sería una medida preventiva para anclar expectativas y evitar correcciones más abruptas después.
En opinión, el Banco de la República debe priorizar su mandato de estabilidad de precios. Postergar ajustes podría costar más caro a largo plazo, afectando el crecimiento y el empleo. Los hogares y empresas necesitan señales claras: un endurecimiento oportuno de la política monetaria podría ser el camino para una desinflación ordenada, beneficiando a todos en un año electoral sensible.
(Fuente: Caracol Radio)
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