El director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), Sebastián Rivera, no se anduvo con rodeos en su intervención ante Caracol Radio: “La gobernadora está echando carreta”. Con esta frase cruda y directa, el funcionario nacional desmontó las versiones que desde la Gobernación del Cesar atribuyen al Gobierno central los retrasos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el arranque del calendario 2026.
Los hechos son claros. El Ejecutivo nacional asignó un presupuesto histórico de 3 billones de pesos —cifra que triplica lo destinado en gobiernos anteriores— y entregó valores de referencia desde septiembre del año pasado. Los procesos licitatorios debían adelantarse entre octubre y noviembre. Sin embargo, al menos 17 entidades territoriales certificadas, entre ellas el Cesar, no han culminado la adjudicación de contratos, poniendo en riesgo a más de 860.000 estudiantes que podrían iniciar clases sin el complemento nutricional esencial.
En el caso específico del Cesar, las declaraciones de las autoridades locales —que insisten en esperar la “asignación de recursos”— chocan frontalmente con la versión oficial de la UApA. Rivera fue tajante: los recursos están disponibles desde hace meses. Culpar al nivel central resulta, en este contexto, una maniobra dilatoria que evade la responsabilidad propia en la ejecución oportuna y transparente de los fondos.
Esta no es la primera vez que el PAE se convierte en campo de disputa política entre nación y territorios. Lo grave es que, mientras se cruzan señalamientos, son los niños y niñas —especialmente en regiones vulnerables como el Cesar, La Guajira, Magdalena o Antioquia— quienes pagan las consecuencias: desnutrición, deserción escolar y profundización de la inequidad.
La priorización de la primera infancia (prejardín y transición) con cobertura garantizada y las metas ambiciosas del Gobierno —cobertura del 100 % para 2028 y eliminación progresiva de ultraprocesados para 2030— demuestran una voluntad clara de fortalecer el programa. Pero de nada sirven los billones si las entidades territoriales no asumen con seriedad su rol en la contratación y ejecución.
La intervención de Procuraduría y Contraloría, ya solicitada por la UApA, es un paso necesario para esclarecer responsabilidades y aplicar correctivos disciplinarios. Las familias, meanwhile, merecen respuestas concretas, no excusas ni carreta. El derecho a la alimentación escolar no admite dilaciones ni juegos políticos.
(Fuente: Caracol Radio, 18 de enero de 2026)
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