La declaratoria de emergencia económica y social por parte del Gobierno nacional, mediante el Decreto 1390 de 2025, ha generado profunda preocupación en el sector financiero, particularmente por sus implicaciones tributarias que podrían elevar el impuesto de renta de las entidades bancarias hasta el 50%.
Según el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, esta sobre-sobretasa implicaría que la mitad de la actividad bancaria del país quede efectivamente en manos del Estado, al absorber una porción tan significativa de las utilidades del sector. Esta carga posicionaría a Colombia, junto a naciones como las Islas Comoras, entre los países con menor competitividad tributaria para el negocio financiero a nivel global, lo que desincentivaría la inversión extranjera y local.
Más allá del impacto directo en los bancos, las consecuencias se extenderían a la economía real: restricción al crédito general, encarecimiento de los préstamos para vivienda, obstáculos para la expansión empresarial y mayores dificultades para los estudiantes que buscan financiar su educación. En esencia, se generaría un desestímulo al dinamismo crediticio que ha sido motor del crecimiento económico.
El gremio bancario critica que el decreto carece de fundamentos jurídicos y técnicos sólidos, al no existir un hecho extraordinario o sobreviniente que justifique el estado de excepción, y revive “por la puerta de atrás” una reforma tributaria ya derrotada democráticamente en el Congreso tras su hundimiento por falta de recursos para cubrir un déficit de 16,3 billones de pesos.
En un contexto donde el país necesita mayor inversión privada y crecimiento sostenido, medidas que desplazan al sector privado en favor del público comprometen el desarrollo de largo plazo. Asobancaria insta al Gobierno a reconsiderar la vía excepcional y optar por un debate institucional que restaure confianza y reglas claras.
(Fuente: Caracol Radio)