La propuesta del precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón de suprimir el cobro obligatorio del SOAT para motocicletas y sustituirlo por un esquema estatal denominado “Moto Protegida” ha irrumpido en la agenda electoral como una de las iniciativas más disruptivas de cara a las consultas del 8 de marzo. Según datos del RUNT y Fasecolda al corte de marzo de 2026, de aproximadamente 13,5 millones de motos en circulación, solo 5,2 millones cuentan con la póliza vigente, lo que deja un 61 % de evasión: seis de cada diez motocicletas transitan sin cobertura.
Pinzón, exministro de Defensa, sostiene que la alta morosidad no obedece a negligencia, sino a la precaria capacidad adquisitiva de muchos conductores, cuyos ingresos frecuentemente se sitúan por debajo del salario mínimo. Para este segmento —mensajeros, domiciliarios y trabajadores independientes que dependen de la moto como principal instrumento de subsistencia—, el seguro representa una carga adicional en lugar de una protección efectiva.
La alternativa “Moto Protegida” plantea tres pilares centrales: eliminar el pago directo por parte del usuario, garantizar la atención médica en siniestros viales con recursos asumidos por el Estado y promover la prevención mediante incentivos a quienes cumplan rigurosamente las normas de tránsito. El argumento central es pragmático: si la mayoría evade el pago, el sistema actual genera un hueco financiero estimado en billones de pesos anuales y no logra su propósito de universalizar la cobertura.
Sin embargo, la idea despierta interrogantes de fondo. Transferir la responsabilidad financiera íntegra al erario público podría agravar el déficit en el sistema de salud y exigir nuevas fuentes de financiación —impuestos o recortes en otras áreas— que al final recaerían sobre los mismos contribuyentes. Además, la eliminación de la obligación individual podría debilitar la cultura de responsabilidad vial, justo cuando Colombia registra altas tasas de accidentalidad en motocicletas.
En un contexto donde las motos concentran entre el 27 % y el 33 % de los hogares como medio de transporte principal, la propuesta toca una fibra sensible de inequidad. No obstante, su viabilidad depende de un diseño fiscal sólido, mecanismos claros de control y una evaluación realista del impacto en las arcas públicas. De lo contrario, el supuesto alivio para el bolsillo de millones de trabajadores podría convertirse en una factura diferida para toda la sociedad.
(Fuente: Semana
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