Un patrón que evidencia las limitaciones estructurales de su estrategia fiscal y genera crecientes interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Según las cifras oficiales divulgadas por la Dian, el recaudo tributario de 2025 alcanzó $296 billones, la cifra anual más alta registrada hasta la fecha. Sin embargo, este monto histórico quedó $9,4 billones por debajo de la proyección establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que fijaba el objetivo en $305,5 billones. Aunque el faltante resultó inferior a los $11 billones advertidos previamente por el director encargado de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, y también por debajo de los $8,3 billones estimados por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), el resultado confirma una tendencia preocupante: en 2023 se cumplió apenas el 96,3% de la meta y en 2024 superó ligeramente el 97%, pero nunca se alcanzó el objetivo planteado.
El repunte registrado en diciembre —con $18,9 billones recaudados, un incremento del 30% respecto al mismo mes de 2024— ayudó a mitigar la brecha, pero no compensó las debilidades acumuladas durante el año. La retención en la renta se consolidó como la principal fuente de ingresos ($103,61 billones, 35% del total), seguida del impuesto a las ventas ($64,35 billones, 21,7%) y los gravámenes aduaneros ($50,46 billones, 17,1%). No obstante, analistas del Grupo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá advierten que este desempeño no responde a una vigorosa recuperación de la actividad económica interna, sino principalmente a ajustes normativos.
De hecho, el 98% del crecimiento en retención en la fuente se explica por el Decreto 572 de 2025, que elevó las tarifas de autorretención en varios sectores, mientras que el mayor aporte aduanero se vincula al Concepto DIAN 010763 de 2024, que aplicó IVA a las importaciones de combustibles. Sin estas medidas extraordinarias, el comportamiento del recaudo habría sido notablemente más débil.
Este panorama reiterado pone en evidencia que las estrategias del Ejecutivo han tenido un impacto limitado y dependen excesivamente de parches normativos en lugar de reformas estructurales que impulsen el crecimiento económico genuino y amplíen la base tributaria de forma sostenible. La presión sobre las cuentas fiscales se intensifica, especialmente ante la necesidad de financiar gasto social y deuda en un contexto de déficit persistente.
La pregunta que queda en el aire es clara: ¿hasta cuándo podrá el Estado colombiano depender de decretos y conceptos técnicos para maquillar resultados fiscales, sin atacar de fondo las causas de un recaudo que, pese a ser récord, sigue sin cumplir las metas autoimpuestas? La respuesta definirá no solo el cierre de este gobierno, sino la salud financiera del país en los años venideros.
(Fuente: La Opinión)
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