Nueva EPS, la entidad promotora de salud con mayor número de afiliados en Colombia (más de 11,7 millones), alertó este martes 20 de enero de 2026 que su operación está gravemente comprometida debido a embargos judiciales que superan los $2,1 billones (exactamente $2.125.890.449.360 según su comunicado), una cifra equivalente aproximadamente a la totalidad de su operación mensual.
En un comunicado oficial, la EPS —intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud desde abril de 2024 y con participación mayoritaria del Gobierno nacional— detalló que cuatro juzgados del país incrementaron las medidas cautelares en los últimos meses, pasando de $422.000 millones en noviembre de 2025 a $887.000 millones poco después, y ahora a más del doble de esa suma.
Estos embargos, originados en demandas presentadas por alrededor de 95 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) —en su mayoría privadas y concentradas en ciudades principales—, han bloqueado cuentas bancarias y retenido recursos que la entidad considera destinados a la prestación de servicios de salud. Nueva EPS argumenta que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) son legalmente inembargables, pero las medidas judiciales han limitado drásticamente su liquidez.
“En este momento la entidad tiene bloqueadas cuentas bancarias y recursos retenidos por parte de las diferentes fuentes de financiación”, indicó la compañía, añadiendo que solo cuenta con los giros directos semanales para sostener operaciones mínimas. Esto ha generado un impacto directo en el flujo de pagos hacia la red prestadora (aproximadamente 5.000 IPS en todo el país) y gestores farmacéuticos, lo que ya se traduce en suspensiones de atención, entrega de medicamentos y otros servicios esenciales para los afiliados.
“Si los embargos se mantienen, la operación de Nueva EPS se verá seriamente comprometida y no podrá operar administrativamente. A eso se suma el impacto en la sostenibilidad financiera, no solo de la entidad, sino de una red aproximada de 5.000 prestadores a nivel nacional, muchos de ellos con una dependencia financiera de gran proporción desde Nueva EPS”, advirtió la EPS.
La crisis financiera de Nueva EPS no es nueva: lleva tres años sin publicar estados financieros auditados, acumula deudas crónicas con prestadores y ha absorbido afiliados de otras EPS liquidadas o intervenidas. La situación ha generado múltiples quejas de usuarios por demoras en citas, exámenes, cirugías y medicamentos, y ha llevado a algunas IPS a suspender la atención a sus usuarios.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reconoció en Consejo de Ministros que más de $2 billones permanecen embargados, afectando pagos de medicamentos e insumos esenciales, aunque el Gobierno ha insistido en que la intervención busca sanear la entidad y evitar su colapso.
Nueva EPS ha solicitado a las autoridades de control y a los juzgados la protección de los recursos de salud y la suspensión o levantamiento de las medidas cautelares para garantizar la continuidad del servicio a sus 11,7 millones de afiliados, que representan cerca del 20 % de la población asegurada en el sistema de salud colombiano.
La alerta pone en evidencia las tensiones entre el pago de deudas judiciales y la protección del derecho fundamental a la salud, en medio de la reforma al sistema que impulsa el Gobierno Petro. La Superintendencia de Salud y otros entes de control evalúan las medidas a tomar ante esta crítica situación.
—Fuente:Revista semana—
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