Nueva York, 8 de abril de 2026 – En un nuevo revés para la defensa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, un juez federal de Nueva York prohibió que sus abogados compartan las pruebas del caso con los demás acusados que aún no han sido detenidos.
El juez Alvin K. Hellerstein emitió la orden este martes, argumentando que compartir el material no es necesario para preparar la defensa de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y respaldando la solicitud de la Fiscalía debido a los riesgos que podría representar para testigos e investigaciones en curso.
“El material del caso no podrá compartirse con ningún acusado que aún no haya sido arrestado, ni con sus abogados”, indicó el magistrado en su decisión.
Maduro y Cilia Flores fueron capturados a principios de enero en Caracas durante un operativo militar estadounidense y trasladados a Nueva York. Ambos permanecen recluidos desde hace más de 90 días en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, enfrentando cargos por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción. Los dos se han declarado inocentes.
Entre los otros acusados que aún no han sido detenidos se encuentran:
• Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela
• Nicolás Maduro Guerra, hijo mayor del exmandatario
• Ramón Rodríguez Chacín, político y exfuncionario
• Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, presunto líder del Tren de Aragua (designado como organización terrorista transnacional por el gobierno de Donald Trump)
Esta decisión se suma a otros reveses recientes para la defensa. El pasado 26 de marzo, el mismo juez rechazó desestimar el caso, pese a los argumentos de los abogados sobre dificultades para pagar honorarios legales debido a las sanciones estadounidenses.
El caso se desarrolla en medio de la inestabilidad política en Venezuela, donde Delcy Rodríguez ejerce como presidenta encargada desde la captura de Maduro, superando ya el plazo constitucional inicial para una ausencia temporal.
La Fiscalía ha acusado a Maduro y Flores de saquear la riqueza del país, mientras la defensa insiste en que el gobierno venezolano debe poder cubrir los costos legales.
Esta nueva orden limita significativamente la posibilidad de coordinar estrategias entre los diferentes acusados, fortaleciendo la posición de los fiscales en uno de los casos de mayor repercusión internacional contra el chavismo.