En Colombia, el periodismo es una profesión que se ejerce entre la valentía y el peligro. Cada palabra escrita, cada reportaje investigado, cada denuncia pública, puede ser un acto de resistencia frente a la violencia y la impunidad. Sin embargo, esta labor, esencial para la democracia, está marcada por amenazas, precariedad y un entorno hostil que silencia voces y limita la libertad de expresión.
Colombia es uno de los países más peligrosos de América Latina para ejercer el periodismo. Según la Defensoría del Pueblo, el 44.4% de los periodistas encuestados ha sufrido algún tipo de vulneración a sus derechos mientras desempeñaba su labor. Entre 2021 y 2024, se registraron 718 casos de amenazas y homicidios contra periodistas, con un preocupante aumento en los asesinatos: de 2 en 2021 a 4 en 2023.
Los grupos armados ilegales, las bandas criminales y la delincuencia común son los principales perpetradores de estas agresiones, responsables del 47.7% de los casos. Sin embargo, no son los únicos: líderes políticos, funcionarios públicos y hasta empleadores dentro de los medios también han sido señalados como agresores.
Además de la violencia física, los periodistas enfrentan una precariedad económica que limita su independencia. El 59.6% de los profesionales gana menos de 2 millones de pesos al mes, un salario insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Esta situación los obliga a aceptar condiciones laborales injustas, como jornadas extenuantes y contratos informales, lo que aumenta su vulnerabilidad frente a presiones externas.
La falta de garantías laborales también fomenta la autocensura. Muchos periodistas evitan abordar temas sensibles, como la corrupción o el conflicto armado, por temor a represalias económicas o físicas. Este silencio impuesto no solo afecta su trabajo, sino que también limita el derecho de la sociedad a estar informada.
Uno de los mayores desafíos es la impunidad. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el 86% de los casos de violencia contra periodistas registrados entre 1977 y 2020 permanecen sin resolver. Esta falta de justicia perpetúa un clima de miedo y desprotección, donde los agresores actúan con total impunidad.
Detrás de las cifras hay rostros y relatos desgarradores. Amalfi Rosales, una periodista de La Guajira, tuvo que abandonar su hogar después de que su casa fuera atacada a balazos. Sus investigaciones sobre corrupción local la convirtieron en blanco de amenazas. Aunque recibió apoyo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), su vida nunca volvió a ser la misma. “La única salida es irse”, dijo antes de exiliarse.
Jaime Vásquez, un reconocido investigador de la corrupción en Norte de Santander, fue asesinado en 2024. Su muerte es un recordatorio de que, en Colombia, denunciar los abusos del poder puede costar la vida.
El periodismo también enfrenta los retos de la era digital. El 18.9% de los periodistas encuestados ha utilizado herramientas de inteligencia artificial en su trabajo, lo que sugiere una creciente adopción de tecnologías. Sin embargo, estas herramientas también plantean riesgos, como el desplazamiento de mano de obra y la desinformación.
Además, las redes sociales se han convertido en un nuevo campo de batalla. El 20.8% de las amenazas reportadas se realizan a través de plataformas digitales, lo que dificulta la identificación de los agresores y aumenta la sensación de vulnerabilidad entre los periodistas.
Frente a este panorama, organizaciones como la Defensoría del Pueblo y la FLIP han hecho un llamado urgente al Estado para garantizar la protección de los periodistas. Se necesitan medidas concretas, como la colaboración entre autoridades, la mejora de los mecanismos de denuncia y la implementación de programas de formación en nuevas tecnologías.
El periodismo en Colombia es una profesión que resiste, pero no puede seguir haciéndolo sola. La sociedad, el Estado y los medios deben unirse para proteger a quienes arriesgan su vida por informar. Porque, como bien lo dijo Amalfi Rosales, “en un país como el nuestro, lo que se necesitan son colegas vivos”
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