La Defensoría del Pueblo solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno de Gustavo Petro declaró la emergencia económica y social en diciembre de 2025, actualmente suspendido de forma provisional por el alto tribunal.
En un escrito de 26 páginas firmado por la defensora Iris Marín, la entidad se adhirió a los argumentos de inconstitucionalidad, al considerar que las causales invocadas —como amenazas a líderes sociales y desfinanciación en reparación a víctimas— no constituyen hechos nuevos o imprevisibles, sino problemas estructurales e históricos que exigen respuestas institucionales permanentes y no medidas excepcionales coyunturales.
Sin embargo, la Defensoría pidió modular los efectos de una eventual declaratoria de inexequibilidad para preservar los recursos orientados a conjurar la crisis del sector salud, particularmente en lo relacionado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Según el documento, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC y para 2026 se proyectan $101 billones, pero persiste una siniestralidad del 109,5% en las EPS —que genera un déficit aproximado de $5,95 billones— y una brecha del 7,6% entre el incremento de la UPC en los regímenes contributivo y subsidiado. La entidad advirtió que subsisten déficits estructurales acumulados y que la garantía del derecho fundamental a la salud, sobre todo para poblaciones vulnerables, enfrenta un escenario crítico.
Entre las ocho peticiones concretas formuladas por Marín figuran:
- Declarar la inconstitucionalidad del decreto, pero diferir los efectos únicamente en las medidas destinadas a atender la crisis sanitaria.
- Preservar las disposiciones tributarias del Decreto 1474 de 2025 (derivado de la emergencia) para que, en la vigencia fiscal 2026, se destinen específicamente a financiar la UPC, la crisis de salud y el acceso a medicamentos.
- Conceder al Gobierno un plazo razonable para tramitar, vía proyecto de ley ordinaria en el Congreso, una solución presupuestal que armonice el gasto en salud con el Presupuesto General de la Nación.
- Ordenar vigilancia estricta por parte de los entes de control y la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 para evitar desviación de esos recursos.
La Defensoría insistió en que existe una amenaza financiera real para el sistema de salud colombiano, pero que el resto del decreto debe caer por no cumplir los requisitos de excepcionalidad y sobrevinencia exigidos por la Constitución para los estados de excepción.
Cabe recordar que la Sala Plena de la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el Decreto 1390 el 29 de enero de 2026 (Auto 082), con votación de 6 a 2, rompiendo un precedente de 1994 que impedía frenar decretos legislativos de emergencia. El Gobierno ha solicitado la nulidad de esa suspensión argumentando falta de sustento normativo.
(Fuente: La FM)
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