La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a cinco congresistas y un excongresista por su presunta participación en el escándalo de corrupción que afectó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante 2023.
Según la investigación adelantada por el magistrado Misael Rodríguez, los implicados —miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público— habrían exigido y gestionado millonarios contratos regionales a cambio de respaldar reformas del Gobierno en el Congreso.
Las pruebas clave recolectadas incluyen:
- Declaraciones juradas ante la Fiscalía de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López Martínez (exdirector) y Sneyder Pinilla (exsubdirector), quienes entregaron evidencias documentales y esperan principio de oportunidad.
- Un bloc de notas de páginas amarillas donde Olmedo López anotó proyectos de interés manifestados por los congresistas.
- Chats de WhatsApp y Signal entre Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides —exasesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla—, en los que se verificaba el avance de contratos y se ejercían presiones, principalmente por parte del congresista Wadith Manzur.
- Una hoja manuscrita, al parecer de puño y letra de la representante Karen Manrique, que detallaba nombres de congresistas y los contratos asignados a cada uno, considerada por la investigación como documento repartidor de los recursos.
- Registros fílmicos de ingresos a los ministerios de Hacienda e Interior, interceptaciones telefónicas y comunicaciones que evidencian reuniones cortas donde se condicionaba el apoyo legislativo a la asignación de “cupos indicativos”.
Los proyectos desviados, avaluados en cerca de 90.000 millones de pesos (aproximadamente 92.356 millones según desglose detallado), corresponden a:
- Intervención correctiva del sistema de drenaje de aguas lluvias en Cotorra (Córdoba): 50.000 millones.
- Construcción de estructuras de contención contra socavación y erosión en El Saldado (Bolívar): 12.356 millones.
- Obras de protección contra inundaciones en el río Bojabá, Saravena (Arauca): 30.000 millones.
Estas contrataciones, según la ponencia, habrían sido la contraprestación por votos favorables en temas clave del Ejecutivo.
Fuente: semana
Emisora Fusaonline