La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura y medida de aseguramiento en centro carcelario contra los congresistas reelectos Wadith Manzur (Partido Conservador) y Karen Manrique (curul de paz de Arauca), como parte de la investigación por presunto cohecho impropio en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La decisión, adoptada el 11 de marzo de 2026 y ejecutada este 12 de marzo, también incluye el llamado a juicio de ambos parlamentarios, junto a otros tres congresistas y un exrepresentante: Liliana Bitar (Conservador), Julián Peinado y Juan Pablo Gallo (Liberales), y el excongresista Juan Diego Muñoz (Verde).
Según el alto tribunal, la reciente reelección de Manzur —quien obtuvo 134.914 votos y pasó a la Cámara al Senado— y Manrique —reelecta con 5.640 sufragios en Arauca— representa un riesgo de obstrucción a la justicia, por su posible influencia y contactos, además de considerarlos un peligro para la sociedad.
Las capturas se materializaron en Bogotá (Manzur, en el búnker de la Fiscalía) y en Arauca (Manrique, ante la Sijín en Tame). La Corte sustenta la medida en evidencias recopiladas durante meses, entre ellas chats revelados por El Espectador en marzo de 2025, entregados por la testigo clave María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda.
Esos mensajes, intercambiados entre octubre de 2023 y febrero de 2024, documentan presuntas negociaciones en las que ambos congresistas habrían condicionado su apoyo en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a la entrega de proyectos por más de 92.000 millones de pesos en municipios de Arauca, Bolívar y Córdoba, a tramitarse supuestamente vía Ungrd.
Los chats muestran presiones de Manzur para exigir cumplimiento de compromisos previos, designación de intermediarios (como Harry Bejarano para Cotorra, Córdoba) y seguimiento a gestiones con alcaldes. En el caso de Manrique, se señala su intervención en un supuesto proyecto de emergencia en Saravena (Arauca), entregando contactos de terceros.
Aunque los contratos no se concretaron por el estallido del escándalo, la Corte considera que las conversaciones, junto a testimonios, videos y confesiones (incluidas las del exsubdirector Sneyder Pinilla), configuran prueba suficiente de un esquema de intercambio de favores por votos en créditos internacionales.
Los investigados han negado las acusaciones y anunciaron que demostrarán su inocencia en el juicio. La detención plantea interrogantes sobre sus curules: al impedirse su posesión el 20 de julio y tratarse de un delito contra la administración pública, podría aplicarse la figura de silla vacía, con pérdida de escaños para sus partidos.
(Fuente: El Espectador)
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