La Contraloría General de la República elevó una advertencia al Gobierno nacional, en particular a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ante la posible ejecución de la instrucción presidencial de romper diques y compuertas en zonas inundadas del departamento de Córdoba.
Tras inspecciones en municipios como Montería, Cereté, Lorica y San Pelayo, la entidad constató que las aguas permanecen estancadas en amplias áreas, lo que exige bombeo mecánico urgente para drenarlas hacia ríos y caños aledaños. En muchas veredas, el único medio de transporte seguro continúa siendo canoas pequeñas, mientras miles de familias permanecen afectadas por la ola invernal.
La preocupación central radica en el llamado del presidente Gustavo Petro para demoler estructuras que, a su juicio, obstruyen el flujo natural del agua. La Contraloría precisó que cualquier intervención de este tipo requiere verificación previa de estudios hidráulicos, autorizaciones ambientales y permisos de las autoridades competentes. De lo contrario, advirtió, se podrían generar daños mayores y comprometer el patrimonio público.
La entidad fiscalizadora remitió una comunicación formal al mandatario y al ministro de Hacienda, en la que insta a la UNGRD a intensificar la atención humanitaria inmediata: priorizar y acelerar la entrega de ayudas a los damnificados, agilizar la elaboración del Registro Único de Damnificados (RUD) por parte de los entes territoriales —que ya reporta un avance del 95 %— y garantizar contrataciones transparentes y eficientes para las obras de emergencia.
La Contraloría recordó la baja ejecución de recursos observada a finales de 2023 y subrayó la necesidad de una inversión rápida y adecuada de los fondos asignados, en el marco del decreto de emergencia económica, social y ecológica. La entidad anunció que mantiene un seguimiento estricto a las medidas tributarias adoptadas y al uso eficaz y transparente de los recursos destinados a la atención de la crisis.
(Fuente: Semana)
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