Washington D.C. Una jueza federal suspendió de manera temporal la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350.000 ciudadanos haitianos, medida que había sido dispuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y que debía entrar en vigor este martes.
En un fallo de 83 páginas emitido el lunes, la jueza Ana Reyes, del Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, concedió la petición presentada por cinco beneficiarios haitianos del TPS para bloquear la terminación del programa mientras el litigio avanza en los tribunales.
La magistrada cuestionó con dureza el procedimiento seguido por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al argumentar que no se cumplió con el requisito legal de revisar las condiciones actuales en Haití tras consultar con las agencias correspondientes. Además, señaló que existe una “probabilidad sustancial” de que la decisión de terminar el programa haya sido predeterminada por “hostilidad hacia inmigrantes no blancos”.
Reyes hizo referencia explícita a publicaciones de Noem en la red social X en diciembre pasado, donde se refirió a ciertos inmigrantes —incluidos haitianos— con términos como “asesinos, sanguijuelas o adictos a los derechos sociales”. También citó declaraciones previas del presidente Donald Trump sobre Haití y sus migrantes, entre ellas la descripción del país como un “país de mierda”, la sugerencia de que los haitianos “probablemente tienen SIDA” y la promoción de la falsa narrativa de que inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, estaban “comiendo mascotas”.
El TPS para Haití se estableció inicialmente tras el devastador terremoto de 2010 y se ha renovado sucesivamente debido a la persistente crisis humanitaria en el país caribeño: violencia generalizada de bandas armadas, inseguridad alimentaria severa, desplazamientos masivos y vacío de poder tras el asesinato del presidente en 2021.
Desde el DHS se defendió la medida al afirmar que el programa “nunca tuvo la intención de convertirse en un asilo de facto”, tal como —según la agencia— ocurrió durante administraciones anteriores. La portavoz Tricia McLaughlin calificó de “falsa y negligente” la idea de que solo extranjeros sin antecedentes penales pueden sostener ciertos sectores económicos, y anunció en X que el Gobierno apelará el fallo hasta la Corte Suprema: “Esto es activismo ilegal y seremos reivindicados. Temporal significa temporal”.
Por su parte, organizaciones de defensa de la comunidad haitiana celebraron la decisión. Aline Gue, directora ejecutiva de Haitian Women for Haitian Refugees, destacó el aporte de los beneficiarios: “Somos la columna vertebral de industrias enteras. Estamos criando hijos ciudadanos estadounidenses, cuidando a los ancianos, trabajando en hospitales y escuelas, y organizándonos por los derechos de todos los refugiados, migrantes y solicitantes de asilo”.
El fallo mantiene vigente, de momento, la autorización para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos para los titulares del TPS haitiano, mientras el caso sigue su curso judicial. Cabe recordar que intentos previos de terminar este programa —tanto en el primer mandato de Trump como en acciones recientes de la secretaria Noem— ya habían sido frenados por otros jueces federales por incumplimientos procesales.
(Fuente: CNN en Español)
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