El Gobierno nacional declaró un estado de emergencia económica tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, que dejó un hueco de $16,3 billones en el presupuesto de 2026, cifrado en $546,9 billones.
La medida busca recaudar recursos esenciales para financiar gastos en salud, educación, seguridad y subsidios sociales, evitando una parálisis en los servicios públicos.
El ministro de Hacienda explicó que la emergencia permite actuar con rapidez ante la crisis fiscal, y que las medidas tributarias se basarán en gran parte en el proyecto rechazado, con énfasis en la progresividad para gravar a quienes tienen mayor capacidad contributiva.
Entre las propuestas que se incluirían en decretos con facultades extraordinarias figuran:
- Un ajuste temporal al gravamen a los movimientos financieros, elevándolo al 5 por mil para 2026.
- Ampliación de la base del impuesto de renta para personas naturales con ingresos superiores a $10 millones mensuales, con tramos más progresivos y reducción de deducciones.
- Nuevos gravámenes sobre utilidades en sectores como financiero, minero-energético y plataformas digitales transnacionales, con tasas entre 2% y 5%.
- Aumentos en impuestos a bebidas azucaradas, ultraprocesados, cigarrillos y licores, alineados con recomendaciones de salud pública.
- Reducción de exenciones tributarias, ajustes selectivos al IVA en bienes suntuarios, elevación de la ganancia ocasional (hasta 15-20%) y actualización del impuesto al patrimonio para grandes fortunas.
- Incentivos como deducciones por inversiones en movilidad sostenible.
La iniciativa ha generado debate, con críticas sobre su constitucionalidad y posibles revisiones por la Corte Constitucional. El Ejecutivo insiste en que responde a una situación excepcional para garantizar la estabilidad fiscal del país.
(Fuente: Caracol radio )
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