El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que declara el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional por un período inicial de 30 días, luego del rechazo en el Congreso de la reforma tributaria que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026.
La medida, adoptada mediante el Decreto 1390 de 2025, responde a una situación fiscal calificada como “grave e inminente” por el Gobierno. Entre los principales argumentos se destacan el archivo de la reforma tributaria en las comisiones económicas del Congreso, el impacto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el sistema de salud, obligaciones por sentencias judiciales, deudas pendientes y presiones derivadas de la ola invernal y la inseguridad.
Con esta declaratoria, el Ejecutivo queda facultado para expedir decretos legislativos con fuerza de ley durante el plazo establecido, con el objetivo de conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos. El Gobierno ha señalado que las medidas tributarias se basarán en criterios similares a los rechazados por el Congreso, priorizando contribuciones de sectores con mayor capacidad económica, como los “megarricos”, sin afectar a la población vulnerable.
El presidente Petro ha defendido la decisión argumentando que busca enfrentar la insostenibilidad de la deuda pública heredada y agravada por factores externos, como el alza de tasas de interés. Sin embargo, la medida ha generado críticas de gremios empresariales y sectores de oposición, que la consideran apresurada e inconstitucional, y que podría ser revisada por la Corte Constitucional una vez finalice la vacancia judicial.
La emergencia económica estará vigente hasta el 21 de enero de 2026, salvo prórroga, y durante este tiempo el Congreso ejercerá control político sobre las normas expedidas.
(Fuente: Caracol Radio)
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