La Fiscalía General de la Nación suspendió temporalmente las órdenes de captura vigentes contra 23 personas reconocidas por el Gobierno Nacional como voceros de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) que operan en Medellín, el Valle de Aburrá y municipios aledaños de Antioquia.
La medida, formalizada mediante la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026 y firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, responde a una solicitud elevada el 24 de febrero por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Según la entidad, la suspensión inicial de seis meses busca facilitar la participación de estos voceros en los “Espacios de Conversación Sociojurídicos” impulsados por el Ejecutivo en el marco de la política de “Paz Total”, con el objetivo de avanzar en el sometimiento a la justicia de las organizaciones que representan.
La Fiscalía aclaró de manera enfática que la decisión “no implica ni contempla la libertad” de quienes se encuentran privados de la libertad en centros penitenciarios y carcelarios. Tampoco excluye la captura en flagrancia por delitos graves como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario. La suspensión tiene efectos territoriales limitados, principalmente en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá y Rionegro.
Entre los beneficiados con la suspensión figuran cabecillas identificados con alias como ‘Alber’, ‘Mundo Malo’, ‘Yerbas’, ‘Mono Pepe’, ‘El Indio’, ‘Grande Pa’, ‘Naranjo’, ‘Carlos Pesebre’, ‘El Montañero’, ‘Iván El Barbado’, ‘Chaparro’, ‘Clemente’, ‘Vallejo’, ‘Douglas’, ‘Saya’ y otros, según reportes de medios nacionales que han publicado listas parciales de los 23 voceros.
Rechazo de las autoridades antioqueñas
La Gobernación de Antioquia rechazó de inmediato la medida y anunció acciones judiciales para revertirla. El gobernador Andrés Julián Rendón afirmó que insistirá ante la fiscal general para que “se ponga del lado de los antioqueños y de las víctimas”.
“Vamos a seguir insistiendo a la fiscal general de la Nación para que se ponga del lado de los antioqueños, de las víctimas”, declaró Rendón, quien junto a alcaldes del Área Metropolitana y Rionegro prepara una acción de nulidad ante el Consejo de Estado. El mandatario ha calificado la decisión como “peligrosa”, especialmente en plena época electoral, y ha advertido que podría generar riesgos para la seguridad regional y presiones en los barrios.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se sumó a las críticas, vinculando la suspensión con el controvertido “tarimazo” realizado en junio de 2025, en el que varios de estos voceros habrían participado en eventos públicos con el Gobierno Nacional.
Esta polémica decisión se inscribe en los esfuerzos del Gobierno de Gustavo Petro por promover diálogos con estructuras criminales urbanas del Valle de Aburrá, un proceso que ha generado divisiones entre las autoridades locales y el Ejecutivo nacional. Fuentes consultadas indican que la medida podría extenderse si los voceros demuestran avances concretos en los compromisos de sometimiento a la justicia.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha hecho pública la lista completa de los 23 beneficiados, aunque varios medios han difundido nombres y alias coincidentes con los líderes de las mesas de negociación instaladas en la cárcel La Paz de Itagüí.
Fuente: noticias Caracol
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