La Fiscalía General de la Nación dio un giro inesperado en el caso relacionado con el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá (donde resultó gravemente herido y falleció el 11 de agosto de ese año tras meses de lucha por su vida).
Este lunes 19 de enero de 2026, la entidad anunció que un fiscal de la Seccional Bogotá había radicado una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por el delito de prevaricato por omisión. La acusación se centraba en presuntas fallas en el cumplimiento de sus funciones: no haber atendido múltiples llamados para reforzar y mejorar el esquema de seguridad del entonces precandidato presidencial, a pesar de las advertencias y solicitudes formales de protección elevadas por Uribe Turbay y su equipo.
La denuncia que impulsó esta decisión provino del abogado Víctor Mosquera, representante de las víctimas y la familia de Uribe Turbay, quien había advertido sobre omisiones en la UNP tras reiteradas peticiones de refuerzo (al menos 23 solicitudes en 2025, según reportes previos, sin respuestas efectivas). La Fiscalía, tras analizar elementos materiales probatorios, encontró una inferencia razonable de autoría o participación en el delito, lo que llevó a radicar la solicitud ante los juzgados de Paloquemao, con una audiencia inicialmente prevista para febrero de 2026.
Sin embargo, apenas cuatro horas después del anuncio inicial, la misma Fiscalía revocó la imputación y retiró la solicitud. La razón: la fiscal de Administración Pública fue notificada de que la investigación completa por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay está a cargo de un grupo de tareas especiales designado específicamente para manejar todas las líneas derivadas del caso.
Este grupo especializado se encarga de las indagaciones integrales, incluyendo las responsabilidades por el asesinato (perpetrado por una organización criminal liderada por alias El Costeño, con varios capturados, dos sentencias condenatorias y acuerdos de colaboración ya alcanzados con protagonistas clave), así como las presuntas omisiones institucionales en materia de seguridad, como las atribuidas a la UNP.
Fuentes de la Fiscalía consultadas aclararon que se trata de un asunto de competencia interna, y no de una falta de elementos de prueba. La fiscal de Administración Pública deberá ahora trasladar todo el material probatorio y las actuaciones realizadas al grupo de tareas especiales, que evaluará si procede o no imputar cargos a Augusto Rodríguez u otros funcionarios involucrados.
El magnicidio, ejecutado en el barrio Modelia (localidad de Fontibón) durante un acto público, conmocionó al país y revivió el debate sobre la protección de líderes políticos opositores, amenazas previas y posibles fallas estatales. El grupo de tareas especiales ha avanzado significativamente en desmantelar la estructura criminal detrás del crimen, pero el traslado de la línea contra la UNP mantiene abierta la posibilidad de responsabilidades institucionales.
Por ahora, el director de la UNP no enfrenta imputación formal, aunque el caso sigue activo bajo la órbita del equipo especializado. Se esperan novedades en las próximas semanas sobre cómo continuará esta línea de investigación.
—Fuente:Revista Semana—
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