La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) se desmarcó de la mayoría de posiciones expresadas en la Mesa de Concertación Laboral y rechazó de manera tajante mantener el incremento del 23,7% en el salario mínimo para 2026, al considerar que carece de sustento técnico verificable.
Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, advirtió que insistir en esa cifra sin una fundamentación clara equivaldría a “pasar por encima” de más de un millón de micro y pequeñas empresas —como panaderías, tiendas de barrio, peluquerías, ferreterías, restaurantes y alojamientos—, que conforman el 93% del tejido empresarial colombiano.
Según Cabal, estas unidades productivas no resistirían el “triple impacto” combinado de la reforma laboral, el alza salarial decretada y la reducción adicional de la jornada laboral semanal a 42 horas, lo que podría empujarlas hacia la informalidad y generar una fuerte presión sobre el empleo formal.
El dirigente gremial recordó que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto original por falta de explicación concreta y verificable sobre cómo se ponderaron las variables legales obligatorias —inflación, productividad, crecimiento del PIB y capacidad de pago de las empresas—. “Aunque se mencionaron cifras, no se presentó una operación lógica que permitiera reconstruir el peso de cada factor en la decisión final”, sostuvo.
Fenalco exigió que el nuevo decreto, que debe expedirse en un plazo máximo de ocho días conforme al fallo del tribunal, se ciña estrictamente a los criterios establecidos por la ley, utilice exclusivamente datos de fuentes oficiales certificadas por el DANE y evite reproducir los errores del acto administrativo suspendido. El gremio insistió en que no procede reabrir la discusión técnica ni introducir cambios ideológicos o políticos en los parámetros ya definidos.
En respaldo a su posición, citó la Guía sobre políticas de salario mínimo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que recomienda evaluar con cuidado los factores económicos para prevenir incrementos excesivos que eleven los costos laborales y generen efectos adversos imprevistos.
El gremio proyecta que un ajuste desproporcionado, sin considerar la productividad ni la inflación real, podría derivar en la pérdida de más de 700.000 empleos formales. Además, señaló incrementos significativos en rubros sensibles para los hogares de menores ingresos entre enero de 2025 y enero de 2026: transporte (25%), comidas fuera del hogar (39%) y salud (20%).
Si el Gobierno repite el porcentaje del 23,7% sin una “operación lógica” que sustente las cifras, Fenalco anticipó que el nuevo decreto enfrentaría nuevamente acciones de nulidad ante el Consejo de Estado, lo que prolongaría la inseguridad jurídica para el sector empresarial.
(Fuente: El Colombiano)
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