Agua de Dios, Cundinamarca – Jorge Humberto Garcés Betancourt, exalcalde de Agua de Dios y actual diputado de la Asamblea de Cundinamarca por el partido Cambio Radical, fue condenado a más de cuatro años de prisión por presuntas irregularidades en un nombramiento realizado entre 2012 y 2015.
Según las pruebas presentadas por la Fiscalía, Garcés Betancourt fue declarado responsable por el ejercicio de función pública sin concurso de méritos, un procedimiento que, conforme a la ley, corresponde exclusivamente a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
A pesar de la condena, el exalcalde sigue ocupando su cargo en la Asamblea Departamental, lo que ha generado polémica en el ámbito político regional. La sentencia establece que deberá cumplir su pena en un centro carcelario, mientras se analizan las implicaciones legales de su situación como diputado.
Otro caso de corrupción: expresidente de la Cámara también condenado
En otro caso que sacude la política colombiana, la Corte Suprema de Justicia condenó a siete años y seis meses de prisión a Carlos Alberto Cuenca Chaux, actual representante a la Cámara por Cambio Radical, por el delito de corrupción al sufragante.
El congresista por el departamento de Guainía, quien presidió la Cámara de Representantes en 2019 y ha ocupado un escaño en esa corporación desde 2010, fue hallado culpable de ofrecer cemento y tejas de zinc a cambio de votos en su campaña de reelección de 2014.
Según el fallo, el 1° de marzo de 2014, en una reunión con habitantes del barrio La Esperanza de Inírida, Cuenca Chaux prometió estos materiales de construcción a cambio de apoyo electoral. Posteriormente, su equipo de campaña entregó los elementos en establecimientos comerciales locales. Las pruebas en el proceso confirmaron que los ofrecimientos fueron hechos con pleno conocimiento y voluntad del entonces candidato.
A pesar de la gravedad de los hechos, Cuenca Chaux recibió el beneficio de prisión domiciliaria, según la decisión proyectada por la magistrada Blanca Nélida Barreto. Además, deberá pagar una multa de 588 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La condena resalta nuevamente la preocupación por la corrupción en el país y la permanencia de figuras políticas en cargos públicos a pesar de sus sanciones judiciales. –El Tiempo–
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