El Ministerio de Hacienda puso en consulta pública un proyecto de decreto que modifica el régimen de inversiones de los fondos privados de pensiones obligatorias, con el objetivo de reducir progresivamente la exposición a activos en el exterior y canalizar mayor proporción del ahorro hacia la economía nacional.
Según el borrador, las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) deberán ajustar su portafolio hasta alcanzar un límite global del 30 % en inversiones extranjeras para la suma de los cuatro tipos de fondos obligatorios (conservador, moderado, de mayor riesgo y especial de retiro programado). El ajuste será gradual: tope intermedio del 35 % en un plazo máximo de tres años y cumplimiento pleno del 30 % en cinco años.
En la actualidad, cerca del 48 % del ahorro pensional administrado por fondos privados se encuentra colocado en mercados internacionales, lo que implicaría repatriar entre $100 y $125 billones aproximadamente, dependiendo de las cifras actualizadas al cierre de 2025. El Ejecutivo argumenta que la medida alinea el ahorro institucional de largo plazo con las necesidades estructurales del país, especialmente en sectores como infraestructura, vivienda, energía y proyectos productivos de alto multiplicador económico.
Sin embargo, la propuesta ha encendido alertas en el gremio y entre expertos. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, calificó la restricción como “una mala idea” porque limita la diversificación, elemento fundamental para reducir riesgos y optimizar rendimientos a largo plazo.
“Entre más instrumentos tenga el portafolio y más diversificado esté, mejor rentabilidad se va a poder conseguir para los recursos de los colombianos y mejores perspectivas de pensión vamos a tener”, afirmó Velasco en diálogo con medios. Agregó que concentrar mayor proporción en el mercado local expone los ahorros a choques internos —desaceleraciones, problemas fiscales o inestabilidad política— y restringe el acceso a sectores y empresas ausentes en Colombia pero disponibles en plazas más desarrolladas y estables. Insistió en que la medida “es difícil de justificar desde el punto de vista técnico”, ya que no incrementa el ahorro total del sistema y puede traducirse en menores rendimientos para los afiliados.
Por su parte, Adriana Camacho Ramírez, directora de la Maestría en Derecho Laboral de la Universidad del Rosario, advirtió que la concentración de riesgo en un solo país hace que las pensiones dependan casi exclusivamente del desempeño económico nacional, aumentando la vulnerabilidad frente a shocks locales y generando “rentabilidades más bajas a lo largo del tiempo, lo que impactaría directamente el capital acumulado y, en consecuencia, el monto de las pensiones futuras”.
Tanto Asofondos como voces académicas coinciden en que cualquier ajuste al régimen de inversiones debe sustentarse en estudios técnicos rigurosos, priorizar la seguridad, rentabilidad y liquidez del ahorro, y contar con amplia participación ciudadana para evitar incertidumbre y pérdida de confianza entre los millones de afiliados al régimen de ahorro individual.
El proyecto de decreto permanece abierto a comentarios hasta el 4 de febrero de 2026, según lo informado por el Ministerio de Hacienda.
Fuente: LaFm
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