El Comando del Ejército Nacional rechazó categóricamente las acusaciones de corrupción publicadas por la revista Semana en torno al manejo de recursos de recompensas y gastos reservados, y aseguró que se ha cumplido estrictamente la normatividad vigente en el caso del abatimiento de Edilberto Marín Gómez, alias ‘Paisa Duber’, señalado como mano derecha de ‘Iván Mordisco’, cabecilla de las disidencias de las Farc.
En un comunicado oficial, la institución militar precisó que, a la fecha, no se ha efectuado ningún pago de recompensa relacionado con la operación que permitió neutralizar a este objetivo de alto valor estratégico. Según la respuesta institucional, el proceso se encuentra en etapa de trámite ante el Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de garantizar la plena legalidad y transparencia en cada paso.
La denuncia periodística apuntaba a que oficiales y suboficiales habrían orquestado un presunto montaje para apropiarse de dineros públicos, incluyendo el supuesto pago de 590 millones de pesos a una informante que, al parecer, no habría entregado información real y verificable. El Ejército desmintió esta versión y afirmó que las verificaciones internas y de las autoridades competentes permitieron constatar el “absoluto cumplimiento de la normatividad”, el apego a los lineamientos institucionales y el respeto a los principios de legalidad, legitimidad y transparencia.
La institución reconoció que la Fiscalía General de la Nación, junto con otros organismos de control, ya adelanta indagaciones por las presuntas irregularidades en el manejo de recompensas. En ese sentido, el Ejército destacó su colaboración plena con las autoridades, facilitando el acceso a la información bajo los protocolos de seguridad y legalidad establecidos.
Paralelamente, se iniciaron investigaciones administrativas y disciplinarias en las unidades involucradas, con el objetivo de establecer la veracidad de los hechos y determinar eventuales responsabilidades individuales. El alto mando militar reiteró su compromiso con la protección de los uniformados que denuncien irregularidades, rechazando cualquier forma de represalia, presión o persecución interna.
Finalmente, el Ejército informó la implementación de mecanismos reforzados de supervisión y control a través de la Inspección General, orientados a fortalecer la trazabilidad documental, la separación de funciones y la rendición de cuentas, sin comprometer la eficacia operacional ni la seguridad nacional.
La denuncia original, basada en una investigación de Semana, ha generado amplio debate sobre el manejo de recursos en operaciones contra grupos armados ilegales, mientras las autoridades judiciales avanzan en las verificaciones correspondientes.
Fuente: Caracol Radio
Emisora Fusaonline