En una nueva escalada de la tensión comercial y diplomática entre Colombia y Ecuador, el Gobierno de Daniel Noboa anunció que, a partir del 1 de mayo de 2026, aplicará un arancel del 100% a todas las importaciones provenientes de Colombia, duplicando la tasa del 50% que ya regía.
Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, la medida responde a la supuesta falta de acciones concretas de Colombia en materia de seguridad fronteriza contra el narcotráfico y el crimen organizado. La decisión se conoció horas después de que Quito llamara a consultas a su embajador en Bogotá, en protesta por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó como “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.0
El mandatario colombiano reaccionó de inmediato y con dureza. A través de su cuenta en X, Petro calificó el alza arancelaria como “una monstruosidad” y sentenció que representa, en la práctica, “el adiós definitivo al Pacto Andino para Colombia”. “Nada hacemos ya allí”, escribió, y ordenó a la Cancillería iniciar los trámites para que Colombia se convierta en socio pleno del Mercosur, al tiempo que impulsará relaciones comerciales más fuertes con el Caribe y Centroamérica.
La medida ecuatoriana amenaza con paralizar el comercio bilateral legal. La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) advirtió que 1.700 empresas colombianas, en su mayoría pymes, dependen de las ventas hacia Ecuador. Sectores clave como azúcar (US$31 millones), medicamentos (US$51,2 millones) y energía eléctrica (US$133,5 millones, ya suspendida por Colombia en reciprocidad) resultarán especialmente golpeados.
Antioquia es el departamento más afectado: arriesga exportaciones por más de US$415,2 millones, equivalentes al 24,8% del total despachado hacia el vecino país. Industrias como vehículos (Renault Sofasa), confecciones y aceites de palma enfrentan un escenario de fuerte contracción.
Desde la Asociación Nacional de Industriales (Andi), su presidente Bruce Mac Master hizo un llamado a la “serenidad y responsabilidad” de ambos gobiernos para evitar que las empresas, los trabajadores y los consumidores terminen como “moneda de cambio” en la disputa política.
Javier Díaz, presidente de Analdex, fue más tajante: “Esta decisión cierra definitivamente cualquier posibilidad de comercio legal y fluido” mientras permanezca el actual Gobierno colombiano, por lo que la normalización podría demorarse hasta después de agosto de 2026.
La crisis marca el episodio más crítico en la historia reciente de la Comunidad Andina (CAN) y pone en entredicho la integración económica entre los dos países, históricamente socios en el bloque regional.
(Fuente: El Colombiano).
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