El presidente Gustavo Petro ha generado un intenso debate en el sector energético al solicitar a Ecopetrol que venda su operación de fracking en la cuenca Permian, Estados Unidos. Esta petición, basada en argumentos ambientales, podría costarle a la petrolera colombiana una multa de entre 300 y 400 millones de dólares por incumplir el contrato vigente con Occidental Petroleum (Oxy), además de afectar su producción y reputación en el mercado internacional.
La operación de fracking en Estados Unidos representa una parte significativa de los ingresos de Ecopetrol. En los primeros nueve meses de 2024, aportó 95.200 barriles de petróleo equivalente por día (bped), equivalentes al 12,7 % de la producción total de la empresa. Además, durante el tercer trimestre del mismo año, alcanzó los 102.600 bped, superando a campos estratégicos en Colombia como Castilla y Rubiales.
El acuerdo con Oxy, vigente hasta junio de 2026, incluye la posibilidad de extender la colaboración. Sin embargo, la decisión de Petro ha generado incertidumbre entre los inversionistas y ha provocado una caída en el valor de las acciones de Ecopetrol en las bolsas de Nueva York y Colombia.
El sindicato de trabajadores de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera (USO), ha rechazado la propuesta, advirtiendo que la salida de este negocio implicaría pérdidas de 4.200 millones de dólares y una reducción del 13 % en la producción diaria de la empresa. Además, destacaron que el fracking en Estados Unidos tiene una huella de carbono menor en comparación con la producción en Colombia, lo que contradice los argumentos ambientales del gobierno.
El proceso de venta, de concretarse, tomaría entre dos y tres años, requiriendo la
aprobación de Oxy, la junta directiva de Ecopetrol y la contratación de una banca de inversión para valorar el negocio y encontrar compradores.
Mientras el gobierno insiste en que los recursos obtenidos de la venta se destinarían a energías limpias, analistas y expertos del sector han criticado la medida, calificándola como una “torpeza económica y ambiental” que podría comprometer la sostenibilidad financiera de la empresa y el futuro energético del país.
Este caso pone en evidencia la tensión entre los objetivos de transición energética y la dependencia de Colombia de los ingresos generados por los hidrocarburos. La decisión final sobre la venta del negocio de fracking en Estados Unidos podría definir no solo el rumbo de Ecopetrol, sino también el futuro de la política energética del país. –el Colombiano–
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