La Defensoría del Pueblo defendió ante el Consejo de Estado la legalidad y constitucionalidad del Decreto 1469 de 2025, que fija el salario mínimo legal mensual para 2026.
La entidad, a través de la Defensora Iris Marín Ortíz, radicó una intervención en el marco de las acciones de nulidad presentadas contra la norma gubernamental, argumentando que la determinación del salario mínimo trasciende el ámbito técnico o macroeconómico y constituye un asunto central de derechos humanos y dignidad.
Según la Defensoría, el decreto se ajusta a los parámetros constitucionales y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que establece la prevalencia de la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil cuando no se logra concertación en la Comisión de Políticas Salariales y Laborales. La institución subrayó que la “remuneración mínima vital” no se reduce a una cifra nominal, sino que debe garantizar condiciones de existencia digna para el trabajador y su núcleo familiar.
La intervención destaca que el decreto se sustenta en criterios legales como la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y la participación de los salarios en el ingreso nacional, además de incorporar compromisos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Defensoría advirtió que cualquier decisión que vulnere estos principios podría generar desprotección inmediata para millones de personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo trabajadores precarizados, madres y padres cabeza de hogar, y quienes asumen el cuidado de niños, niñas, adolescentes o adultos mayores.
Fuente: Caracol Radio.
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