La Contraloría General de la República encendió las alarmas fiscales al calificar el régimen de pensiones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional como una “bomba de tiempo” estructural, con pasivos futuros que podrían superar los $140 billones de pesos. En un informe exhaustivo divulgado este miércoles, la entidad recomienda una revisión urgente del esquema de retiros para evitar una crisis macroeconómica que comprometa la estabilidad del país, en un contexto donde el gasto pensional ya absorbió $11,68 billones en 2023, equivalentes al 0,71% del PIB.
El estudio, elaborado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría, analizó más de 200 millones de registros históricos entre 2008 y 2023, revelando una transformación demográfica preocupante en la Fuerza Pública. Mientras el personal activo de las Fuerzas Militares se redujo de 173.900 a 158.400 efectivos en ese período, el número de retirados creció hasta representar el 12,8% del total en 2023, impulsando una presión fiscal creciente. Las proyecciones actuariales estiman pasivos entre $42,3 y $62,3 billones para las Fuerzas Militares, y de $58,0 a $80,6 billones para la Policía Nacional, cifras altamente sensibles a variaciones en la inflación y tasas de descuento.
“Este régimen exceptuado genera un riesgo fiscal estructural de gran magnitud, que exige reformas graduales para equilibrar la responsabilidad del Estado con la protección de derechos adquiridos”, advierte el informe. Entre los hallazgos clave, se destacan problemas en la calidad de los datos históricos –como registros duplicados, errores en fechas de nacimiento y fallas en la homologación de grados–, que dificultan una trazabilidad precisa y agravan la vulnerabilidad del sistema. A pesar de avances en la estandarización de bases de datos, persisten inconsistencias entre 2008 y 2013, lo que complica las proyecciones a largo plazo.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, enfatizó la necesidad de actuar con celeridad: “No podemos ignorar esta bomba pensional. Una revisión integral del régimen de retiros es esencial para garantizar la sostenibilidad fiscal y honrar el servicio de nuestros militares y policías, sin comprometer el futuro de las finanzas públicas”. Esta alerta llega en un momento delicado para el Gobierno, que ya enfrenta déficits presupuestales y la implementación de la reforma pensional general, la cual no altera el esquema especial de la Fuerza Pública pero sí resalta la interconexión de estos regímenes con el sistema nacional.
Expertos coinciden en la urgencia: “El 40% de los recursos estatales en pensiones se destina a regímenes especiales como este, lo que exige una transición hacia modelos más equitativos y predecibles”, señaló un analista de la Universidad de los Andes. La Contraloría propone medidas como la creación de variables analíticas más robustas y reformas que incluyan evaluaciones periódicas de sostenibilidad, para mitigar el impacto en la estabilidad macroeconómica.
Este llamado no solo pone en el radar un desafío fiscal, sino que invita a un debate nacional sobre cómo equilibrar el reconocimiento a la labor heroica de la Fuerza Pública con la responsabilidad intergeneracional. Sin cambios, Colombia podría enfrentar una carga insostenible en las próximas décadas, recordándonos que la verdadera seguridad nacional comienza con finanzas sólidas.
Con información de la Contraloría General de la República, Infobae y El Nuevo Siglo. Imágenes: Cortesía de Colprensa.
—Fuente:Blu Radio—
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