Por segunda ocasión, el Juzgado 38 de Control de Garantías de Bogotá aplazó la audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, debido a su inasistencia a la diligencia virtual programada para las 9:00 a.m. de este miércoles.0
La Fiscalía General de la Nación busca imputarle el delito de violación de topes electorales en su rol como gerente de la campaña presidencial Petro Presidente 2022. Según la investigación, se habrían ocultado ingresos por más de 6.011 millones de pesos, superando el límite legal de 5.355 millones de pesos permitidos. El caso involucra presuntas donaciones no reportadas de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y la Unión Sindical Obrera (USO), así como una megaoperación de pagos a testigos electorales.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había sancionado a Roa por exceder los topes en la financiación de la campaña, y compulsó copias a la Fiscalía para avanzar en el proceso penal, que se tramita en la Dirección Especializada contra la Corrupción. Las autoridades indican que existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio.
La primera audiencia, fijada para el 12 de marzo, también fue aplazada a solicitud de la defensa, liderada por el abogado Juan David León Quiroga, quien argumentó falta de tiempo para prepararse ante dos imputaciones en curso. En esta segunda oportunidad, Roa simplemente no se conectó a la plataforma virtual, lo que obligó al juez a reprogramar la diligencia sin fijar de inmediato una nueva fecha.
Roa, quien también enfrenta un proceso separado por presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento en el Parque Museo del Chicó a un precio inferior al comercial, ha reiterado su inocencia desde que estallaron los escándalos en noviembre de 2024. Fuentes cercanas indican que permanecerá fuera de la presidencia de Ecopetrol hasta junio, primero en vacaciones y luego en licencia, mientras avanzan los dos expedientes penales.
La defensa no ha emitido declaraciones adicionales tras el aplazamiento de este miércoles. El caso continúa en etapa de investigación y genera atención por su impacto en la petrolera estatal y en el entorno político del Gobierno.
(Fuente: El Espectador)