Fuente: El Tiempo
La reforma tributaria presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que busca recaudar 16 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026 (aprobado en 546 billones), enfrenta esta semana su momento decisivo en las comisiones económicas conjuntas del Congreso y, según el ambiente legislativo, está virtualmente hundida.
En la Comisión Tercera del Senado, una ponencia de archivo ya cuenta con el respaldo de al menos 10 de los 17 integrantes, entre ellos los senadores Juan Pablo Gallo (Liberal), Efraín Cepeda (Conservador), Antonio Luis Zabaraín (Cambio Radical), Liliana Bitar (Conservadora), Ciro Ramírez (Centro Democrático), Karina Espinosa (Liberal), Mauricio Gómez (Liberal), Juan Carlos Garcés (La U), Jairo Alberto Castellanos (En Marcha) y María Angélica Guerra (Cambio Radical).
De acuerdo con la Ley 5ª de 1992, basta con que una sola de las cuatro comisiones económicas (Tercera y Cuarta de Senado y Cámara) vote negativamente para que el proyecto sea archivado. Si se confirma el rechazo este martes o miércoles, el Gobierno quedaría sin los recursos adicionales y tendría que expedir un decreto de congelamiento presupuestal para 2026.
Los congresistas argumentan que el país “no aguanta más impuestos”, que la reforma afectaría a la clase media y a los más pobres (impuesto a compras en plataformas digitales y nuevo aumento de la gasolina) y que los recursos se destinarían principalmente a burocracia y contratos de prestación de servicios con fines electorales de cara a 2026.
El año pasado, las mismas comisiones hundieron una iniciativa similar, lo que representó una de las mayores derrotas legislativas del gobierno Petro.
Ante el panorama adverso, el Ejecutivo impulsa de forma paralela una “ley de reactivación económica” que recaudaría entre 8 y 13 billones, pero este proyecto alternativo también deberá pasar por la Comisión Tercera del Senado, donde enfrentaría el mismo rechazo.
Tanto el presidente Petro como el ministro del Interior, Armando Benedetti, han advertido que hundir la reforma aumentaría el riesgo país y pondría en peligro el pago de la deuda externa y los programas sociales. Sin embargo, la mayoría de congresistas consultados mantiene su decisión de archivar el proyecto.
Emisora Fusaonline