La filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Afinia, atraviesa una grave crisis financiera debido al incumplimiento en los pagos de sus facturas de energía por parte de entidades públicas en la región Caribe. Con corte a diciembre de 2024, la empresa acumulaba un déficit de $341.098 millones derivado de estas deudas.
La situación ha escalado hasta el punto de que la Procuraduría General de la Nación emitió la circular 005 el pasado 3 de febrero, recordando a alcaldes, gobernadores y gerentes de entidades descentralizadas que el pago de los servicios públicos es una obligación ineludible. Según el organismo, el incumplimiento podría acarrear sanciones disciplinarias conforme al Código Disciplinario.
De acuerdo con los reportes contables de Afinia, el sector público es uno de los mayores deudores, con 451 entidades en mora. Entre los principales deudores se encuentran el municipio de Ariguani (Magdalena), que adeuda $11.732 millones; la Empresa de Servicios Públicos de El Paso (Empaso), con $11.089 millones; y la Empresa Intermunicipal de La Línea, con $10.482 millones. Otros municipios como Bosconia, Lorica y Guamal también figuran con obligaciones superiores a los $3.000 millones.
El problema de cartera ha puesto en jaque la sostenibilidad de Afinia, que desde su llegada en 2020 ha invertido más de $3 billones en mejoras de infraestructura sin lograr reportar ganancias. A esto se suma una deuda de $695.000 millones que el Gobierno Nacional aún no ha cancelado por concepto de subsidios, así como un faltante de $1,5 billones generado por la opción tarifaria.
En enero de este año, la empresa alertó sobre el impacto de estas deudas en su operación y en la prestación del servicio eléctrico en la región. El entonces gerente, Jhon Jairo Granada, quien renunció el pasado 30 de enero, señaló que Afinia pierde aproximadamente $62.000 millones por conexiones ilegales. Además, denunció que operarios de la empresa han sido víctimas de asonadas y bloqueos por parte de comunidades que rechazan las intervenciones en la red eléctrica.
El llamado de la Procuraduría busca evitar que la crisis financiera de la empresa afecte a millones de usuarios en la Costa Caribe, instando a los mandatarios locales y entidades a ponerse al día con sus obligaciones y garantizar la sostenibilidad del servicio eléctrico en la región. –El Colombiano–
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