La Procuraduría General de la Nación anunció sanciones contra Katherine Lozano, exsubdirectora del centro penitenciario El Buen Pastor, y tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por su implicación en la fuga de la excongresista Aida Merlano, ocurrida el 1 de octubre de 2019.
La exsubdirectora Lozano fue condenada a una destitución e inhabilidad por 8 años tras aprobar los documentos judiciales que autorizaron el traslado de Merlano a un consultorio odontológico en Bogotá entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre de 2019. Durante este periodo, Lozano ejercía como directora encargada del penal.
Responsabilidades de los funcionarios del Inpec
El comandante de Custodia y Vigilancia, David Alexander Álvarez Cárdenas, fue sancionado por firmar la remisión médica de Merlano al consultorio de la “Clínica de la Sabana”, a pesar de estar de vacaciones y sin garantizar las medidas de seguridad necesarias.
Por su parte, la teniente Diana Cecilia Muñoz Miguez entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial que permitió la salida de la excongresista, argumentando la necesidad de un procedimiento estético dental.
Finalmente, el dragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón recibió una suspensión de tres meses por autorizar la interacción de Merlano con sus hijos, Aida Victoria y Esteban, mientras permanecía en el centro hospitalario. Esta reunión facilitó el escape de la excongresista, quien huyó descendiendo por una cuerda desde un tercer piso y abordó una motocicleta en un operativo que sorprendió al país.
Un caso emblemático de fallos en el sistema penitenciario
La fuga de Aida Merlano es uno de los incidentes más recordados en Colombia, no solo por las circunstancias cinematográficas del escape, sino también por la presunta participación de varios actores institucionales. Las recientes sanciones buscan sentar un precedente en la responsabilidad de los funcionarios que incumplan sus deberes en la custodia de detenidos.– Caracol Radio–
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