La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió esta semana su primera sentencia condenatoria contra siete exmiembros del secretariado de las FARC por el delito de secuestro, que afectó a más de 21.000 personas. La sanción, de ocho años con proyectos restaurativos y movilidad vigilada, pero sin prisión, ha generado fuertes críticas de víctimas y organizaciones.
Voces como la de Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC entre 2002 y 2008, calificaron la decisión como un “andamiaje de manipulación” que garantiza impunidad a los responsables. Jaime Felipe Lozada, excongresista y víctima de secuestro, expresó su indignación, señalando que la sentencia lo “revictimiza profundamente”. Clara Rojas y el abogado Juan Camilo San Clemente, representante de las familias de los deputados del Valle, también cuestionaron la falta de “verdad plena” y anunciaron posibles apelaciones, incluso ante la Corte Penal Internacional.
La Comisión Colombiana de Juristas reconoció el avance de la sentencia, pero señaló que la falta de claridad sobre las sanciones específicas para cada condenado genera molestia. Aunque el proceso buscaba responder por el delito en un enfoque macro, las víctimas sienten que no se ha hecho justicia ni se ha garantizado una reparación adecuada.
—Fuente:El País—
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