El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, admitió este jueves en una transmisión por televisión nacional la presencia de grupos armados colombianos, específicamente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en el sur del país, particularmente en la región de los Pijiguaos y el estado Amazonas, fronterizo con Colombia y Brasil.
Durante un balance sobre los despliegues militares, que involucran a 36 mil efectivos, Padrino calificó a estos grupos como “terroristas y narcotraficantes” y destacó que han sido neutralizados mediante operaciones como la ‘Operación Neblina’ en Amazonas. Esta operación busca combatir actividades ilegales, como la explotación minera, en la que, según el ministro, están involucrados estos grupos, especialmente el ELN. “No se equivoquen con nosotros, estamos dispuestos a defender nuestra soberanía”, afirmó Padrino, acompañado del comandante del Comando Estratégico Operacional, Domingo Hernández Larez.
El ministro también señaló que en la región del Catatumbo, en la frontera con Colombia, la Fuerza Armada venezolana ha desmantelado campamentos del ELN y las disidencias de las Farc. Además, aseguró que se han detectado y destruido cultivos de drogas provenientes de Colombia, en operaciones realizadas dos veces al año para mantener el territorio venezolano libre de cultivos ilícitos.
Esta es una de las pocas ocasiones en que el gobierno venezolano reconoce públicamente la presencia de estos grupos armados en su territorio, aunque históricamente el chavismo ha evitado referirse directamente al ELN y las Farc, denominándolos en su lugar como “Terroristas Armados y Narcotraficantes de Colombia” (Tancol). Hace semanas, el presidente Nicolás Maduro evadió responder con claridad sobre este tema en una rueda de prensa con medios internacionales.
Organizaciones como Fundaredes, cuyo director Javier Tarazona está encarcelado, han denunciado desde hace años la presencia de estos grupos en al menos 20 estados de Venezuela, con mayor incidencia en Apure, Táchira, Zulia y Amazonas, donde incluso controlan escuelas y comunidades en zonas con baja presencia estatal y altas necesidades básicas insatisfechas. —EL TIEMPO –
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