El secuestro en el sur del departamento del Cesar se ha convertido en la principal fuente de financiamiento de grupos armados ilegales; y cada vez son más los casos de personas secuestradas, la mayoría de ellos, ganaderos, palmicultores, comerciantes y ahora, la esposa de un comerciante.
Se trata de María Beltrán Quintero, esposa del comerciante Oswaldo González en el municipio de Pelaya en ese departamento. La información que hasta ahora manejan las autoridades es que este 15 de junio cuando María salía a practicar deporte cerca al corregimiento de Costilla, en esa localidad, fue interceptada por hombres armados que la raptaron.
Las autoridades realizan una búsqueda en la zona para dar con su paradero y dar captura a los responsables.
Este hecho no es más que uno de los tantos registrados recientemente en el departamento del Cesar y Ocaña. Sanín Mena, de 87 años, un abogado y ganadero ampliamente reconocido en el departamento y en Norte de Santander, también fue secuestrado exactamente entre los corregimientos de Los Ángeles y Montecitos en el municipio de Río de Oro.
La misma suerte la corrió Amanda Arroyo Arrieta, una mujer de 53 años, que fue sacada de su finca en Tamalameque y quien lleva más de dos meses privada de la libertad.
En el departamento del Chocó:
Las autoridades locales de Chocó sospechan que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) está tras el secuestro de cuatro hombres y una mujer en el municipio del Bajo Baudó.
Al parecer, los delincuentes se movilizaron en lanchas hasta el corregimiento de Orpúa, intimidaron con armas de fuego a la comunidad y lanzaron varios disparos.
En medio de la zozobra, privaron de la libertad a cinco ciudadanos que serían miembros de otra estructura delincuencial que operan en este sector del departamento.
Ellos fueron montados en una lancha rápida y tomaron rumbo desconocido. De momento, la Armada Nacional está adelantando operativos para dar con el paradero de las víctimas.
Las tropas también llegaron al corregimiento para retomar el control del orden público. Sin embargo, al menos 345 personas están confinadas por el terror de la violenta incursión.
Líderes sociales del Bajo Baudó advirtieron que 68 familias se vieron en la obligación de abandonar el territorio, a raíz de la intimidación que habría protagonizado el ELN.
Frente a este escenario, el secretario de Gobierno, Janio Posso, aseguró que la fuerza pública asumió las investigaciones y trata de devolver la tranquilidad.
“En este momento, las autoridades, la administración municipal y la Armada Nacional hacen presencia en la zona para restablecer el orden público”, mencionó el funcionario.
Además del Ejército de Liberación Nacional, allí tienen redes de apoyo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como también se llama el grupo que comandó alias Otoniel. —– Semana
Foto: Infobae
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