Jamundí, Valle8 del Cauca, 23 d8e mayo de 2025 – La liberación de Lyan José Hortúa, un niño de 11 años secuestrado el 3 de mayo en el corregimiento de Potrerito, zona rural de Jamundí, marcó el fin de 18 días de angustia para su familia y el país. Sin embargo, detrás de este caso que mantuvo a Colombia en vilo, se esconde una compleja red de deudas entre narcotraficantes, según revelaciones de medios como Semana e Infobae.
El secuestro, perpetrado por la disidencia de las FARC Jaime Martínez, liderada por alias ‘Marlon’, no fue un acto al azar. Fuentes indican que el objetivo inicial era capturar a la madre del menor, Angie Bonilla, o a su padrastro, Jorsuar Suárez, debido a una supuesta deuda de 37 mil millones de pesos con el capo Diego Rastrojo, exlíder del clan Los Rastrojos. Al no encontrar a los adultos, los secuestradores optaron por llevarse al pequeño Lyan, generando una ola de indignación nacional.
Según Semana, Angie Bonilla habría actuado como testaferro de Diego Rastrojo, quedándose con bienes y dineros tras la muerte en 2013 del padre biológico de Lyan, José Leonardo Hortúa, alias ‘Mascota’, un narcotraficante ligado a Los Rastrojos. Esta deuda habría motivado el secuestro, ejecutado por encargo de Rastrojo a través de las disidencias.
La familia, desesperada, confirmó haber pagado un rescate para asegurar la liberación del menor, ante lo que describieron como un “total abandono” por parte del gobierno de Gustavo Petro. Sebastián Bonilla, tío de Lyan, reveló en La FM que la falta de acción estatal los obligó a negociar con los captores, dejándolos endeudados. “Pagamos un rescate, pero no revelaremos el monto por seguridad”, afirmó.
El caso tomó un giro aún más trágico con el asesinato de Antonio Cuadros, primo del padrastro de Lyan, el 22 de mayo en el barrio Bretaña de Cali. Según el personero de Cali, Gerardo Mendoza, Cuadros habría participado en la entrega del dinero para la liberación del niño, lo que podría vincular su muerte al caso.
Lyan, quien padece una condición respiratoria, fue liberado el 21 de mayo tras la mediación de la Defensoría del Pueblo y líderes campesinos. Actualmente recibe atención médica en la Clínica Valle del Lili, donde se reporta estable, aunque emocionalmente afectado. Su padrastro, Jorsuar Suárez, relató que el menor estuvo amarrado los primeros cuatro días de cautiverio y se sintió “humillado”.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que las autoridades tienen identificados a los responsables y continúan las operaciones para capturarlos, con una recompensa de hasta 500 millones de pesos ofrecida por alias ‘Marlon’. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, condenó el uso de menores en el conflicto armado, exigiendo un compromiso para proteger a los niños.
Este caso expone la fragilidad de la seguridad en regiones afectadas por el narcotráfico y la inacción estatal frente a estructuras criminales. Mientras la familia de Lyan celebra su regreso, el país reclama justicia y medidas efectivas para evitar que más niños sean víctimas de la violencia.—Fuentes: Blu Radio—
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