El reciente atentado contra el senador Miguel Uribe ha desatado un nuevo debate en Colombia: la propuesta de reducir la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años. Esta iniciativa, impulsada por sectores que buscan endurecer las medidas contra la delincuencia juvenil, surge en un contexto de indignación y preocupación por la seguridad. Sin embargo, antes de avanzar en esta dirección, es crucial analizar si esta medida aborda las raíces del problema o si, por el contrario, podría agravar la situación.
Por un lado, quienes defienden la propuesta argumentan que los menores de edad están siendo instrumentalizados por grupos criminales, aprovechándose de su inimputabilidad. El caso del atentado a Uribe, donde se presume la participación de jóvenes, refuerza esta percepción. Según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en 2024, más de 1,500 menores fueron vinculados a procesos por delitos graves, incluyendo homicidios y extorsión. Para los proponentes, reducir la edad penal enviaría un mensaje claro: nadie, sin importar su edad, está exento de rendir cuentas ante la ley.
No obstante, esta perspectiva no considera el trasfondo social que empuja a muchos adolescentes a la criminalidad. Colombia enfrenta profundas desigualdades, con un 39.3% de la población viviendo en pobreza, según el DANE (2023). Muchos menores involucrados en delitos provienen de entornos marcados por la violencia, el abandono y la falta de oportunidades. Reducir la edad penal podría significar criminalizar a víctimas del sistema en lugar de rehabilitarlas. Estudios internacionales, como los de la ONU, muestran que los sistemas punitivos para menores tienden a incrementar la reincidencia en lugar de reducirla, al exponer a los jóvenes a entornos carcelarios que refuerzan conductas delictivas.
Señalado sicario del atentado a Miguel Uribe
Foto: captura de video suministrado
Además, el sistema de justicia juvenil en Colombia ya contempla medidas para menores entre 14 y 18 años a través de la Ley 1098 de 2006, que prioriza la reinserción social sobre el castigo. En lugar de endurecer las penas, sería más efectivo fortalecer los programas de prevención, educación y acompañamiento familiar. Por ejemplo, programas como los del ICBF han demostrado que la intervención temprana en comunidades vulnerables puede reducir hasta un 30% la participación de menores en actividades delictivas.
El atentado contra Miguel Uribe es, sin duda, un hecho grave que merece justicia. Sin embargo, responder con medidas populistas que no atacan las causas estructurales de la delincuencia juvenil podría ser un error. En lugar de reducir la edad penal, el país debería invertir en políticas integrales que ofrezcan a los jóvenes alternativas reales para escapar del ciclo de violencia. Solo así se podrá construir una sociedad más segura y justa, sin sacrificar el futuro de las nuevas generaciones. —Blu Radio —
Emisora Fusaonline