En un reciente desarrollo que beneficia a los propietarios de viviendas en Colombia, la Ley 820 de 2003, que regula el arrendamiento de vivienda urbana, respalda el derecho de los dueños a recuperar sus propiedades ante el incumplimiento de los inquilinos. Según información publicada por Red+ Noticias, esta normativa permite a los arrendadores iniciar un proceso de restitución del inmueble en casos de mora en el pago de la renta, servicios públicos, cuotas de administración u otras obligaciones establecidas en el contrato de arrendamiento.
El proceso de restitución, contemplado en el Código General del Proceso (artículo 384), establece que los propietarios pueden presentar una demanda ante un juez civil municipal o de circuito para recuperar su propiedad. Si la causa principal es la falta de pago, el proceso puede tramitarse en única instancia, agilizando la resolución. Sin embargo, el arrendatario tiene la oportunidad de defenderse, siempre que demuestre el pago de las sumas adeudadas o consigne el valor correspondiente ante el juzgado.
Un aspecto clave que resalta la normativa es el derecho de retención del inquilino (artículo 26 de la Ley 820), que impide el desalojo hasta que se garantice el pago de cualquier indemnización acordada en el contrato. No obstante, expertos inmobiliarios aclaran que esta medida no otorga al arrendatario la posibilidad de apropiarse de la vivienda, desmintiendo mitos sobre la prescripción adquisitiva en arrendamientos. La posesión de la propiedad por parte del inquilino se considera mera tenencia, lo que imposibilita reclamar la propiedad por tiempo de ocupación.
Además, la ley exige que los propietarios notifiquen formalmente al inquilino sobre la terminación del contrato y, en caso de no llegar a un acuerdo, se puede solicitar asistencia judicial para el desalojo. Si el inquilino abandona la vivienda sin avisar, dejando pertenencias, el arrendador puede solicitar medidas cautelares para embargar dichos bienes y cubrir deudas pendientes.
Este marco legal busca equilibrar los derechos de arrendadores y arrendatarios, garantizando que los propietarios puedan recuperar su inmueble de manera justa y expedita, mientras se protege a los inquilinos de desalojos arbitrarios. Para evitar conflictos, expertos recomiendan contratos claros, con cláusulas de allanamiento y la inclusión de un fiador solidario, así como evitar acuerdos verbales que dificulten la prueba de las condiciones pactadas.
Con un 40.2% de la población colombiana viviendo en alquiler, según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE (2022), esta normativa cobra relevancia para miles de propietarios e inquilinos, promoviendo una relación más transparente y segura en el mercado de arrendamiento urbano.—Fuente: Red+ Noticias—
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