La Procuraduría General de la Nación ha puesto bajo la lupa el aumento en los precios de la gasolina y la creciente deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), un tema que ha generado preocupación tanto en el gobierno como en la ciudadanía. La entidad de control ha solicitado a diversas instituciones gubernamentales información detallada sobre los factores que han llevado a la actual situación, incluyendo los mecanismos de ajuste de precios y las políticas adoptadas para cubrir la deuda del fondo.
Uno de los principales puntos de interés para la Procuraduría es entender cómo se ha manejado la deuda del FEPC, la cual ha alcanzado niveles preocupantes. El fondo fue creado con el objetivo de estabilizar los precios de los combustibles en el país, amortiguando los efectos de las fluctuaciones del mercado internacional. Sin embargo, su sostenibilidad financiera ha sido cuestionada debido al incremento de los costos que el gobierno ha tenido que asumir para mantener los precios controlados.
La investigación también busca esclarecer las decisiones recientes del gobierno en cuanto al aumento del precio de la gasolina, que ha impactado directamente en el bolsillo de los colombianos. El alza ha sido atribuida a la necesidad de reducir la deuda del FEPC, pero la Procuraduría quiere asegurar que se están tomando las medidas adecuadas para mitigar los efectos negativos sobre la economía y la población en general.
En respuesta a estas preocupaciones, la Procuraduría ha convocado a una serie de reuniones con representantes del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía, y otras entidades relacionadas. El objetivo es evaluar las acciones implementadas y determinar si se han seguido los procedimientos legales y administrativos correctos para manejar esta situación compleja.
Finalmente, la Procuraduría reiteró su compromiso con la transparencia y la protección de los intereses de los ciudadanos. La entidad continuará monitoreando de cerca el desarrollo de esta situación, asegurando que las decisiones gubernamentales se alineen con los principios de equidad y sostenibilidad financiera.–procuraduria–
